En España, por lo general, no existe cobertura de pérdida de beneficios derivada de cierres de negocio por decisiones de la autoridad decretadas a raíz del estado de alarma. Fuentes oficiales de UNESPA recuerdan que para que la cobertura por interrupción de negocio se active debe haberse producido un daño material cubierto por la póliza sobre los bienes asegurados. Y este no es el caso cuando el cese de la actividad viene determinado por una decisión de la autoridad.
La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona pronunciándose a favor del asegurado en contra de la compañía que rechazó la cobertura de interrupción de negocio no entra en el fondo de esta cuestión. Se centra “en aspectos formales de la póliza como, por ejemplo, que la cláusula de cobertura no esté aceptada expresamente por el asegurado”, apuntan portavoces oficiales de la asociación.
Además, concretan que “tampoco son comparables las sentencias de Reino Unido o Francia dado que las situaciones de cobertura en estos países no son asimilables a la cobertura existente en el mercado español”. Por ejemplo, no se menciona que en Reino Unido las pólizas de cobertura de pérdida de beneficios a consecuencia de un daño material directo, como en España, no han sido cuestionadas ante los tribunales.
Voluntad para desarrollar un esquema de cobertura público-privada
Estas fuentes valoran que las aseguradoras son sensibles a las demandas de la sociedad de buscar soluciones de futuro de cobertura de pérdida de beneficios por interrupción de negocio sin daño material, como el causado por la pandemia, y por ello se ha trasladado ya a la Administración unos principios para desarrollar un esquema de cobertura público-privada de cara al futuro.
“Esta cuestión también implica a las instituciones europeas, que se encuentran analizando posibles soluciones de resiliencia compartida para cubrir estos riesgos ante futuras pandemias”, concluyen los portavoces de UNESPA.
