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Un largo camino: La conquista de los derechos de la mujer en España

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El recorrido de los derechos de las mujeres en España ha sido largo, lleno de baches y retrocesos continuos. Este arduo viaje demuestra que la conquista de la igualdad no pasa por una sola vía.

Tal y como expresa Miriam Montero, abogada de la compañía de seguros de Defensa Jurídica ARAG, “nuestra generación tiene unos derechos instaurados gracias a todas aquellas personas que lucharon y siguen luchando por ellos. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por cambiar de la sociedad patriarcal de la que venimos”.

Es por ese motivo por el que debemos echar la vista atrás y conocer cuáles han sido las dificultades a las que se enfrentaron nuestras antecesoras, las luchas que nos han llevado a nuestro presente y cómo allanar el camino al futuro.

Primeros pasos: Educación y feminismo a finales del S. XIX y principios del XX

La educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su importancia es incuestionable y se ha demostrado que aporta autonomía a las mujeres y las hace conocedoras de sus derechos. Por ese motivo, no es casualidad que se suela situar el inicio del feminismo en España en la creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, en 1870. Este era un proyecto educativo creado con la intención de ofrecer educación a las mujeres de clase media que no podían pagar colegios privados ni deseaban asistir a colegios públicos.

Pese a que en 1857 la Ley Moyano había hecho obligatoria la enseñanza a niños y niñas de entre seis y nueve años, las cifras de analfabetismo femenino seguían siendo muy altas. Según el estudio ‘Alfabetización y escolarización en España (1887/1950)’ de Narciso de Gabriel, en 1887 el 51,40% de los hombres 26 a 30 años estaban alfabetizados, frente solamente el 25,91% de las mujeres.

En 1909 la obligatoriedad de la enseñanza pasó a los doce años, pero aún había una gran reticencia para la matriculación del alumnado femenino y muchas niñas no estaban escolarizadas más de seis meses. Además, las enseñanzas que recibían se centraban en la lectura, la escritura, saber contar, labores domésticas y la asimilación de la doctrina cristiana. Al no crearse instituciones de secundaria específicas para mujeres hizo que quién quería estudiar una carrera tuviese muchas dificultades y muy pocas mujeres consiguieron entrar en la universidad.

El aumento de la clase media, la aparición de nuevas profesiones y las corrientes feministas de Europa empezaron a provocar cambios en el papel de la mujer en la sociedad. La primera organización feminista de España, la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, fue creada en 1892 por la periodista y activista Ángeles López de Ayala. Fue ella la que también promovió la primera manifestación en España, el 10 de julio de 1910 en Barcelona, en la que se reclamaba derechos políticos para las mujeres. Ocho años más tarde nacía la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que defendía las reformas del Código Civil, la promoción educativa y el derecho de las mujeres a ejercer profesiones liberales.

Derecho a voto y otros grandes avances

Durante la Segunda República se logró el ansiado sufragio universal. “Muchas mujeres lucharon por poder ejercer este derecho, ya que la ley les permitía ser parlamentarias, pero no participar en votaciones”, explica Alicia Cobo, abogada de ARAG.

Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent se convirtieron en las primeras mujeres con escaño en el Congreso y las dos últimas se enfrentaron, precisamente, por el derecho a voto de las mujeres. La derecha era favorable al voto femenino porque creía que era conservador y la izquierda quería retrasar su entrada en vigor por el mismo motivo. “Finalmente, el 19 de noviembre de 1933, más de 6.500.000 millones de mujeres con derecho a voto pudieron elegir a sus representantes, convirtiéndose en ciudadanas de pleno derecho”, expone Alicia Cobo.

Con respecto al acceso al trabajo, se ampliaron las posibilidades de las mujeres gracias a la abolición de las excedencias forzosas por matrimonio, los despidos por maternidad, la disminución de la mayoría de edad para trabajar a los 18 años o el permiso para acceder a cargos públicos como notarías, secretariados en juzgados municipales y cargos de procurador. Durante esta época también se aprobó el Seguro Obligatorio de Maternidad, que otorgaba una ayuda y una baja a las madres durante 12 semanas.

Pese a ello, continuaba habiendo importantes limitaciones: la restricción en función del estado civil, en el que el marido podía pedir al juez recibir el salario de su mujer; la prohibición de algunos trabajos para las mujeres, por motivos de constitución física o para no competir con los hombres ante altos grados de desempleo masculino; o, por el contrario, la reserva de trabajos relacionados con el ámbito doméstico para las mujeres por ser consideradas propias de su sexo.

Otro hito importante fue la aprobación en Cataluña, el 25 de diciembre de 1936, del aborto libre durante las 12 primeras semanas de embarazo. Hasta ese momento, solo Suiza, Checoslovaquia y Rusia lo habían legalizado en Europa. En 1937, durante la Guerra Civil, también se despenalizó en el resto de España hasta la entrada del franquismo, que anuló esta y muchas otras leyes.

Marcha atrás

El fin de la Guerra Civil hizo que las mujeres perdieran muchos derechos que habían ganado a duras penas en los años anteriores. La mujer pasó a un segundo plano en la vida política, social y doméstica ante la autoridad masculina. Con la restauración del Código Civil de 1888 en 1944, la mujer tenía prohibido realizar la mayoría de las actividades económicas sin la autorización de su marido o su padre, como por ejemplo tener un empleo, propiedades o viajar fuera del país.

Se prohibió el divorcio y únicamente se podía romper el matrimonio con su anulación, solo accesible para personas con gran poder adquisitivo debido a su difícil proceso administrativo. Con respecto a la maternidad, se daban ayudas que la incentivaban (familia numerosa), mientras se limitaba la actividad laboral de las mujeres.

No fue hasta los años 70 que el Gobierno permitió una baja a las madres de entre 1 y 3 años. Además, también se prohibió la anticoncepción y el aborto y se retomó la educación segregada por sexos, en la que la mujer era preparada para el oficio de ama de casa.

Propósito 2022: La brecha salarial de género en la Unión (14,1 %) tiene que desaparecerVuelta al buen camino: ley del divorcio, permiso de paternidad y otras más

Con la llegada de la democracia a España, muchos de los derechos que se habían perdido fueron, poco a poco, recuperados. El permiso marital fue abolido en 1975 y las leyes contra el adulterio en 1978. En 1978 se despenalizó la venta y el uso de anticonceptivos, que hasta el momento solamente estaban autorizados en tratamientos para regular el ciclo menstrual. Y en 1981 se aprobó finalmente la esperada Ley del Divorcio.

En 1980 se reguló el permiso de paternidad, con dos días de descanso para los padres y 14 para las madres. No fue hasta el 89 que se ampliaron con cuatro días de baja para los padres y las 16 semanas actuales para la madre. Poco a poco, los permisos de los padres se han ido igualando al de las madres como una forma de establecer una igualdad real y no discriminatoria en las carreras laborales de ambos progenitores.

En el 85 se permitió de nuevo el aborto inducido cuando había riesgo grave de salud en la mujer, en caso de violación y en caso de malformaciones en el feto. Esta ley fue ampliada en 2010: ahora la mujer puede decidir abortar en las primeras 14 semanas de forma libre, hasta la semana 22 en casos graves de salud de la madre o el feto y a partir de ahí en caso de anomalías o enfermedades en el feto incompatibles con la vida.

En 1987 el Tribunal Supremo resolvió que una víctima de violación no tenía que probar que había luchado contra su agresor para verificar su denuncia. Hasta entonces se debía demostrar que había presentado una “resistencia heroica”.  Son cuestiones que sorprenden por lo que han tardado en cambiar, como la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, que no fue efectiva hasta 1988. Según datos de Defensa, actualmente hay más de 15.000 mujeres militares españolas, alrededor de un 13% del total.

Leyes como la de Violencia de Género (2004), la del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo (2005), la de Dependencia (2006), o la de Igualdad (2007) han hecho que las diferentes esferas de la vida de las mujeres españolas sean cada vez más reconocidas y protegidas por la ley. Esto ha ido de la mano de una mayor presencia de las mujeres en la política: tras las últimas elecciones, el Congreso español es el más paritario de toda Europa según datos de Eurostat, con un 46,8% de representación femenina. Sin embargo, todavía hay margen de mejora en muchos aspectos.

«Leyes como la de Violencia de Género (2004), la del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo (2005), la de Dependencia (2006) o la de Igualdad (2007) han hecho que las diferentes esferas de la vida de las mujeres sean cada vez más reconocidas»

Aún hay camino por recorrer

Aún hay muchos vacíos legales que perjudican a las mujeres y otras políticas que, aunque amparadas por la ley, todavía tienen que verse reflejadas en la sociedad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la famosa brecha salarial o con las tasas de paro.

Pese a que el número de mujeres con educación media y superior ya era mayor que la de hombres en el 2016, un 55% frente al 45% según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esto no se traduce en el mercado laboral. Las mujeres siguen teniendo menos tasas de ocupación, con un desempleo del 16,3% en 2020, a diferencia del 12,9% de los hombres. Los motivos son muy diversos: desde la penalización laboral de las mujeres debido a las diferencias del permiso de paternidad y maternidad, a un tiempo de cuidados y trabajos domésticos dos horas más largas que los hombres.

“Una de las causas de discriminación de la mujer en el mundo laboral continúa siendo la maternidad, dado que en muchas ocasiones ser madre comporta el fin de la carrera laboral o la imposibilidad de acceder a puestos de mando”, analiza la abogada de ARAG Alicia Cobo.

El informe ‘Women, Business and the Law’ que el Banco Mundial realiza desde hace diez años clasifica a todos los países del mundo según el nivel de igualdad legal entre hombres y mujeres. En el último índice, España no consiguió entrar en los diez países con puntuación perfecta y se queda en un 97,5. Lo que hace bajar la nota a España es el permiso de paternidad, pero eso puede cambiar en el próximo informe.

“Desde enero de 2021, existe el permiso por nacimiento de hijo y cuidado del menor, que concede a ambos progenitores la posibilidad de disfrutar del menor durante un descanso de 16 semanas”, indica Cobo.

“Una de las causas de discriminación de la mujer en el mundo laboral continúa siendo la maternidad, en muchas ocasiones ser madre comporta el fin de la carrera laboral o la imposibilidad de acceder a puestos de mando” (Alicia Cobo)

Con respecto a la brecha salarial, en España sigue siendo del 24% con una diferencia de 5.252 euros brutos al año entre el empleo masculino y femenino, según el informe ‘Por la igualdad salarial, contra la brecha salarial’ de CCOO con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019. La mayor tasa de trabajo parcial entre las mujeres explica parte de esta disparidad.

Las leyes que regulan este tipo de cuestiones son importantes. Alicia Delgado, abogada de ARAG, lo ejemplifica con el Anteproyecto de la Nueva Ley del Deporte: “aunque el texto definitivo aún no está aprobado, esta ley quiere acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Establecerá paridad, se exigirá un mínimo de un 40% de mujeres en los órganos de dirección de las federaciones deportivas y reconocerá la maternidad de las deportistas”. También apuesta por la igualdad económica al equilibrar las becas deportistas independientemente del sexo.

No solamente se trata de una diferencia de salarios, sino también de puestos de mando. En la actualidad, solamente el 18,8% de los puestos directivos en España son ocupados por mujeres, según el informe ‘Brecha Salarial y Presencia Directiva de Mujeres 2021’ de Eada Business School e Icsa grupo. Pese a que supone una mejora de dos puntos con respecto al año anterior, que era del 16,4%, dista mucho de la paridad que se pretende alcanzar.

“La plantilla de ARAG es mayoritariamente femenina y su Comité Directivo tiene en una representación femenina del 55%. Además, el 68,75% de sus directivos son, en realidad, directivas. Sabemos que nuestro caso no es lo habitual”, comenta Eva Fernández, directora de Marketing y Venta Directa.

Otra de las cuestiones en la que hay que seguir trabajando es en la violencia machista. “Con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004, las mujeres han conseguido la protección por ley para intentar paliar y ayudar física, económica y laboralmente a las víctimas, aunque las cifras de mujeres asesinadas en nuestro país siguen siendo alarmantes”, indica Alicia Delgado, aludiendo a las 43 muertes por violencia machista que hubo en 2021. 

Como vemos, las mejoras para las mujeres españolas en los dos últimos siglos son notorias, pero también se puede comprobar que estamos lejos de la línea de meta y que los retrocesos y la pérdida de derechos son siempre posibles. Por ese motivo, desde ARAG siempre recomiendan ser conocedores de nuestros derechos para poder defenderlos, reclamarlos y ampliarlos.

«Las mejoras para las mujeres españolas en los dos últimos siglos son notorias, pero también se puede comprobar que estamos lejos de la línea de meta y que los retrocesos y la pérdida de derechos son siempre posibles»

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