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Sanciones internacionales en el sector asegurador
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Sanciones internacionales en el sector asegurador

Juan Pedro Beneyto-Guillamas Llorente, inspector de Seguros del Estado y de Prevención de Blanqueo de Capitales en excedencia. Fundador de J.P. Beneyto Abogados*
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Las entidades (re)aseguradoras, al igual que otras empresas del sector (e.g. distribuidores) y de un gran número de empresas no exclusivas del sector pero con presencia en él (e.g. talleres, hospitales, concesionarios, etc.), no son a veces conscientes o menosprecian los riesgos que asumen tanto en su actividad ordinaria (cobro de primas de seguro y reaseguro, comisión de reaseguro, pago de siniestros, etc.), como en su actividad de inversión y de financiación (capital aportado por accionistas y financiación concedida por bonistas u obligacionistas y por otros prestamistas).

Juan Pedro Beneyto-GuillamasLos riesgos a los que me refiero no son otros que los derivados de las sanciones que pudieran imponerse por llevar a cabo operaciones con las personas físicas o jurídicas incluidas en las llamadas “listas de sanciones internacionales”, listas en las que figuran personas físicas y jurídicas de países, regímenes u organizaciones sancionados así como otras personas físicas y jurídicas con las que no debería realizarse ningún tipo de operación, ni directa ni indirectamente, so pena de ser sancionado. Especial atención en España debería prestarse a las listas publicadas por la ONU y transpuestas por la UE, a las publicadas por la UE de forma autónoma y a las contramedidas financieras que pudiera publicar en su caso el Consejo de Ministros. No obstante, en un mundo globalizado como el actual en el que existen intereses en gran número de países (e.g. subsidiarias en terceros países), las entidades (re)aseguradoras también deberían ser conscientes de la existencia de otras listas de sanciones aplicables (e.g. las publicadas por países como el Reino Unido, Canadá o EE. UU. e incluso por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo).

En España ha de distinguirse entre sanciones administrativas, que entrañan un riesgo económico (multa económica), un riesgo reputacional (amonestación pública) e incluso un riesgo de cierre de negocio (pérdida de licencia para operar), y las medidas penales que cualquier persona, incluso las jurídicas, pueden sufrir por ser consideradas responsables de la comisión de ciertos delitos cometidos por sus administradores, directivos e incluso por el resto de su personal (riesgo penal). A los riesgos anteriores habría de añadirse el riesgo de no poder operar en determinados mercados cuando se incumpliera la prohibición de llevar a cabo operaciones con las personas listadas en dichos países. Por ejemplo, EE. UU. podría impedir operar en el mercado americano a la filial americana de una empresa española que ejecutara alguna operación, de forma directa o indirecta, con alguna persona, física o jurídica, listada por el Tesoro americano (OFAC), incluso cuando la llevara a cabo en un país en la que dicha persona listada por la OFAC no lo estuviera (principio de extraterritorialidad).

El incumplimiento de la prohibición de ejecutar transacciones directas o indirectas con personas listadas puede ser resultado de una ausencia total de controles, pero también de controles ineficientes o defectuosos (sistemas y programas de alertas que presentan problemas de homonimia, de cálculo de porcentajes de propiedad o control directo o indirecto, de interpretación de la normativa o de no entender que las personas listadas dentro de un país no tienen por qué ser nacionales de ese país).

Por lo tanto, las sanciones internacionales deberían ocupar un papel singular dentro de los controles internos de las (re)aseguradoras y también en el diseño y ejecución del sistema de gobierno de las mismas y concretamente en lo que respecta a las funciones clave de gestión de riesgos, de verificación de cumplimiento y de auditoría interna. En este sentido, recomendaría, sin duda, la elaboración de un mapa de riesgo de sanciones internacionales y de un manual de corporate defense penal de aplicación efectiva.

 

(*) Juan Pedro Beneyto-Guillamas impartirá el curso ‘Sanciones Internacionales: riesgo de negocio y riesgo reputacional’, programado por INESE Insurance School en formato webinar para las tardes del 19 y 20 de octubre.