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Tribuna

Pymes y canal de denuncias: no es solo cumplir con la legislación, sino también proteger el patrimonio

Diogo Ogando, suscriptor senior de D&O de Hiscox Iberia
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La Directiva Europa “Whistleblowing” y su transposición a través de la Ley de Protección al Denunciante, que obliga a las empresas a contar con un canal de denuncias interno que proteja al denunciante, ya no es solo para las grandes empresas. Y es que su obligatoriedad se ha ido extendiendo gradualmente hacia la pequeña y mediana empresa española. Tanto es así que el pasado 1 de diciembre culminó ya el plazo para que los directivos de todas ellas cumplieran con esta nueva responsabilidad.

Sin embargo, a poco de que se acabase el plazo y según datos de Personio, en septiembre de 2023 todavía existía un buen porcentaje de negocios españoles que no disponían de un sistema de canal de denuncias, concretamente el 23%, una de cada cuatro empresas. En este sentido, no eran pocas las pymes que no solo se estaban enfrentando a un incumplimiento de la ley, sino también a importantes consecuencias económicas con impacto directo en su patrimonio en caso de no abordar esta obligación.

El problema radica en que, si bien la gran mayoría de empresas ya lo tienen implementado y conocen la normativa, también son muchos todavía los negocios que no contemplan la importancia de contar con esta herramienta o que lo hacen pero no de forma efectiva, ya que no disponen o asignan recursos suficientes para tratar las denuncias interpuestas a través de este canal. Más allá, multitud de negocios trabajan desde un prisma reactivo en lugar de proactivo, lo que implicaría, de igual manera, una necesidad de cambio de cultura corporativa para abordar sus nuevas responsabilidades.

Falta de concienciación

Estos motivos revelan una falta de concienciación sobre las consecuencias de no solo no cumplir con la legislación, sino también acerca de que, de nuevo, es el patrimonio de la pyme y del directivo lo que realmente está en juego. En este caso concreto, su incumplimiento puede conllevar sanciones de entre 10.000 euros para las leves, 600.001 para las graves y 1.000.000 euros para las muy graves.

De todo ello se desprende que las pymes españolas tienen todavía una cita pendiente con el cuidado de su propio patrimonio y, por tanto, con la viabilidad de su negocio. Algo que se corrobora atendiendo al Informe de Pymes y Autónomos de Hiscox, que señala que únicamente el 39% de los directivos de pymes cuenta con un seguro de D&O.

Nos encontramos en un momento en el que, a medida que las empresas evolucionan, sus responsabilidades también se están extendiendo. En esta línea y sin embargo, las responsabilidades de los directivos y de las pymes no deben convertirse en un impedimento a la hora de dirigir y gestionar la empresa, sino en un impulso para actuar correctamente a los desafíos del día a día.

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