En el caso del modelo empresarial, esto podría llegar a través de un modelo de adscripción “cuasi-obligatorio” que permitan extender la cobertura complementaria al mayor número de trabajadores. “Sería digno de estudio y de análisis como se lo han planteado ya muchos otros países”, afirmó ayer el presidente de OCOPEN, Mariano Jiménez.
La organización presentó ante los medios (con la presencia de María Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la DGSFP), su nueva imagen y misión divulgativa y desglosó algunas de las propuestas que consideran necesarias para dar el “empujón” que necesita la PSC. En particular, destacó las ventajas de los sistemas empresariales por recuperar el concepto de salario diferido y, sobre todo, por permitir que la PSC se generalice “independientemente de la capacidad de ahorro individual”.
Este modelo empresarial debe basarse en aportaciones por igual de empresa y trabajador, con deducción fiscal para el empleado que revierta al instrumento y posibilidad de recuperación de incentivos fiscales para las empresas. Además, para las pymes, contemplar una deducción de los gastos de promoción y puesta en marcha. Asimismo, la contratación debe ser sencilla y transparente, con información “clara, sintética y por medios electrónicas”. Sin olvidar, concluyó, asesoramiento por expertos independientes.
Un referente en nuestro país puede ser el modelo vasco, que “ha sido un éxito”, por el apoyo institucional y el de los interlocutores sociales, además de la gestión “francamente muy buena de las EPSV” y que nació, además, como un sistema “seudo obligatorio”.
En cuanto al sistema individual, OCOPEN pone en valor la necesidad, entre otros temas, de neutralidad fiscal entre instrumentos, el asesoramiento profesional y especializado o el aprovechamiento de nuevas tendencias y medios (como por ejemplo la pensión por consumo).
En opinión de Jiménez, han de adoptarse medidas “estructurales” adoptadas en el Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social (“la negociación colectiva debe dinamizar el sistema”, remarcó), con apoyo institucional de las Administraciones Públicas y, sobre todo, “información, transparencia y concienciación”. Además, se plantea una Ley de PSC en la que se agrupe la actual legislación dispersa y se haga una separación “nítida” del segundo y tercer pilar.
“Los sistemas de pensiones otorgan actualmente una buena pensión sustitutiva del último salario. El problema es que dependen casi exclusivamente del sistema público y de que este se mantenga. Este es riesgo que debemos mitigar mediante el desarrollo de los sistemas de pensiones complementarios”, comentó Manuel Álvarez, secretario de la organización.
“Actualmente no existe un nivel de complementariedad desde el sector privado”, reseñó el directivo, explicando lo que desde el punto de vista de la organización ha fallado hasta ahora, con un denominador común tanto en la PSC empresarial como en la individual: “La falta de concienciación e información”. “Necesitamos educación financiera en todos los sentidos”, reiteró.
A esto se le une, en el caso de la previsión empresarial, factores como la ausencia de compromisos por pensiones en los convenios, los efectos de la crisis, la “normativa errática” y los cambios de las reglas y la rigidez del sistema de pensiones.
Los fallos que OCOPEN identifica en el ámbito individual tienen que ver su utilización como mero instrumento de deducción fiscal (algo que se tiene que corregir con asesoramiento al cliente), los malos resultados en rendimientos (por el sobrepeso de la renta fija y de los activos conservadores en las carteras) y por la aparición de productos en competencia no plenamente finalistas. "Hay inflación de productos financieros y falta el foco en la previsión”, concluyó.
