Rebeca Palomo Díaz quiso destacar que la delegación del gobierno tiene el foco en una de sus campañas en los jóvenes y en los adolescentes, “la prevención en la violencia sexual, en las agresiones sexuales ya que como explicó “los jóvenes normalizan situaciones de control a través de las nuevas tecnologías como unas pautas que son violencia de género. Están tomando esos modelos de relación, usos de WhatsApp, RRSS, Hay que trabajar la concienciación”.

Pilar Martín Nájera también ha destacado el papel de las nuevas tecnologías en el maltrato psicológico: “El problema de violencia de género entre los jóvenes está totalmente unido a las nuevas tecnologías. No hemos conseguido que sean conscientes de que el control o la humillación también son violencia de género y debemos actuar”.

José Luis González ha reconocido que “en la última versión de los instrumentos de valoración del riesgo se ha incorporado como indicador de riesgo la edad del menor (menos de 24 años) al detectarse un aumento de casos entre jóvenes”. Desde el trabajo que está haciendo reveló un estudio gubernamental con el objetivo de adelantarse al maltrato: “se busca dentro de la amargaba de hombres maltratado res detectar los que pueden matar. Queremos ser proactivos, progresar y buscar indicadores de riesgos que nos ayuden a adelantarnos al maltratador asesino. Ponemos el foco en el hombre que ejerce en la violencia, si hay algún indicador que permita poner más protección lo queremos poder”.

La importancia del dinero

En relación a las medidas del Pacto de Estado, Pilar Martín Nájera ha destacado la importancia de que haya dotación económica, especialmente para administraciones locales, pues “el 60% de las víctimas se producen en municipios pequeños, no en capitales, por lo que debemos dar recursos para implementarlas y ayudar realmente”.

Rebeca Palomo ha recordado que las administraciones locales han recuperado la dotación económica y las competencias: “Se han transferido 100 millones de euros a las comunidades autónomas y 20 millones de euros a los ayuntamientos porque son las administraciones más cercanas a la víctima, para que desarrollen servicios de atención psicológica, apoyo psicoeducativo para los menores, etc.”.

El estigma hacia el maltratador

Con el objetivo de intentar que se produzca ese cambio social, Ana Bella Estévez ha pedido que los medios de comunicación no hablen solo de las víctimas, sino que hagan noticia de las condenas que reciben los maltratadores: “Que el estigma vaya hacia el maltratador y no hacia la víctima. Eso haría que la sociedad cambiara y repudiara a los hombres que maltratan a sus parejas”.

Con un discurso muy emotivo, Bella ha contado su historia y ha trasmitido la dificultad de dar el paso y denunciar. Es una situación en la que "te sientes siempre como la culpable, y con mucha vergüenza" a lo que se suma en la mayoría de los casos hijos. Una pequeña acción puede cambiar el mundo, ha explicado, yo cuando logré salir, ayudé a una mujer que había pasado por lo mismo dando una cama en mi casa, ahora ayudamos a miles de mujeres en muchas partes del mundo a través de la fundación. Todos podemos cambiar las cosas”, afirmó.

Los menores, los que más sufren

La parte más conflictiva ha llegado en la segunda mesa cuando se ha hablado de los menores y de su situación de 'desprotección' frente al maltrato. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Arganda del Rey y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús López Chacón, el director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, la psicóloga especializada en violencia de género, Bárbara Zorrilla Pantoja, y la presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía y decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez Solís, han hablado de la protección de los menores, moderados por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Los ponentes han discutido sobre la necesidad de mejorar las herramientas para poder suprimir la patria potestad de los hijos al maltratador, porque “hay situaciones en las que ya ha habido un asesinato o una condena y en las que todavía no es automática la retirada de la patria potestad”, ha recordado Benjamín Ballesteros. En este sentido, María Jesús López Chacón ha argumentado que “para que el juez acuerde la suspensión de la patria potestad se tiene que acreditar, hacerlo directamente ante la gravedad de los hechos requeriría un cambio en la ley”.

A su turno, Filomena Peláez ha reclamado otras medidas importantes “como impedir la custodia compartida incluso de forma provisional y suspender el carácter imperativo del régimen de visitas”. En la misma línea, Bárbara Zorrilla, ha subrayado “un maltratador difícilmente va a ser un buen padre porque la violencia hacia la madre se extiende hacia los hijos. Hay mujeres que fines de semana alternos tienen que entregar a sus hijos al padre, que tiene en ellos la mayor arma contra su mujer”.

En relación al tema de la dotación de las administraciones locales, Peláez ha mostrado su preocupación por llegar “a las pequeñas zonas rurales”. Nuestra petición (por parte de la Abogacía) al Pacto de Estado es “que el letrado de oficio pudiera asistir ya a la víctima en el momento de la denuncia, no solo en el juicio”.

En esta misma línea Maria Jesús Lopez Chacón ha reivindicado que “las oficinas de atención a las víctimas de los ayuntamientos estén dotadas de personas capacitadas en violencia de género para que puedan dar a conocer al juzgado todos estos elementos que acreditan que el maltratador no es un buen padre”.