MAPFRE y el Pool Español de Riesgos Medioambientales, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, que actuó además como anfitrión, presentaron a una delegación serbia los desarrollos españoles en materia de Responsabilidad Ambiental y su aseguramiento.

El encuentro fue promovido por la Comisión Europea, a solicitud del Ministerio de Protección Medioambiental serbio y del NBS; por parte de MAPFRE intervino Fernando López Morón, director de Suscripción y Reaseguro Facultativo del Área Técnica de Empresas, y por el Pool, José Luis Heras, su director gerente.

Según explica el Pool, aunque Serbia no forma parte de la UE, tiene previsto regular un régimen de responsabilidad medioambiental homologable al europeo y los delegados manifestaron interés en las peculiaridades de la norma española de transposición y los desarrollos llevados a cabo en la oferta de seguros medioambientales, considerando, en particular, impulsar la creación de un pool de aseguradores para estos riesgos.

Cambios recientes en la legislación

En las últimas semanas se han promulgado dos Órdenes Ministeriales con relevancia para el aseguramiento de los riesgos medioambientales. Por un lado, el 30 de octubre, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, publicó una en la que se fija la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de las Garantías Financieras para Responsabilidad Medioambiental, largamente esperada y varias veces pospuesta.

Las actividades industriales de prioridad 1 tendrán que disponer de dicha garantía financiera antes del 31 de octubre de 2018 -actividades SEVESO; grandes instalaciones de combustión y grandes plantas de tratamiento de residuos peligrosos- mientras que las de prioridad 2 (establecidas en la propia orden), el plazo termina un año después el 31 de octubre de 2019. Para las actividades de nivel 3 aún no se fija fecha de entrada en vigor, que se fijará en una posterior orden.

Por otra parte, el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales publicó el 2 de noviembre, una Orden Ministerial por la que se pone al día la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

“Los titulares de las actividades incluidas en este listado, decenas de miles de instalaciones en España, con independencia de su obligación o no de contar con garantías financieras de responsabilidad medioambiental, están obligadas a contar con información detallada sobre la situación del suelo en el que radican, respondiendo de la contaminación que eventualmente le causen e, incluso, en último término, de la que se le haya causado en el pasado, aún por empresas radicadas en él anteriormente, si no se consigue que éstas asuman los costes de descontaminación”, comentan desde el Pool.

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