Según la información del diario ‘Los tiempos’, se trata de los municipios de Alalay, Anzaldo, Arque, Bolívar, Cocapata, Independencia, Mizque, Morochata, Pasorapa, Pocona, Sacabamba, Sicaya, Tacopaya, Tapacarí, Totora, Vacas y Vila Vila.

El Gobierno cuenta con un capital total de 56 millones de bolivianos (8,21 millones de dólares) para indemnizar con 1.000 bolivianos (146,73 bolivianos) por hectárea a las comunidades agrícolas que sufran hasta un 50% de pérdidas en su producción agraria a causa de una catástrofe climática, de acuerdo a los datos ofrecidos por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA), José Alfredo Terán. Según detalló, los 57 millones de bolivianos (8,36 millones de dólares) serán cubiertos en un 50% (28 millones-4,1 millones de dólares) por el Estado; un 40% por contraparte de las gobernaciones y municipios, y el 10% restante por los productores como aporte solidario, según establece el Decreto Supremo 942.

Asimismo, el INSA tiene previsto desarrollar hasta el próximo mes de junio varias tareas preliminares como el registro de productores interesados en el seguro agrario, la presentación de las declaraciones juradas, la transferencia de contraparte y la contratación de la entidad aseguradora que presente la mejor propuesta técnica y financiera. En este contexto, para la aplicación del seguro agrícola a partir de julio fueron seleccionados un total de 75 municipios en todo el territorio sobre la base de indicadores como la línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y vulnerabilidad a la seguridad alimentaria.

Cabe recordar que a principios de año se lanzó la convocatoria pública a la que se presentaron cinco aseguradoras que deben mandar sus propuestas para hacerse cargo del seguro agrícola. Según Terán, se espera que en el mes de mayo se concluya el proceso de licitación, cuya viabilidad y garantía de transparencia será corroborada por las instancias rectoras tales como la Autoridad de Pensiones y Seguros, el Ministerio de Transparencia y Ministerio de Economía y finanzas Públicas.

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