Con el significativo título de “La cobertura financiera: proteger el medio ambiente y el bolsillo público”, el documento trata de analizar porqué la reparación de los daños medioambientales en aplicación del principio “Quien Contamina Paga”, cuya normativa acrisola la Directiva citada, se ve frustrado con demasiada frecuencia porque el responsable de dichos daños resulta insolvente.

Aunque el informe se limita a exponer datos objetivos, huyendo de las valoraciones, una de las muchas conclusiones que deja entrever es que dicho desajuste puede tener una de sus varias causas en que la conciencia del riesgo medioambiental es aún escasa en Europa, no solamente en una gran parte de los titulares de actividades económicas, sino incluso entre las propias autoridades medioambientales de algunos Estados miembro.

No se debe, por el contrario, y esto es reconfortante para nuestro sector, a la falta de oferta de seguros específicos en Europa, ni de adecuación de éstos para el necesario respaldo financiero; de hecho, salen favorecidos de su comparación con otras soluciones financieras alternativas: avales, fondos individuales o mutuales, etc.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha constatado que hay grandes diferencias en la solidez de la oferta entre unos y otros países de la Unión: mientras que en unos cuantos es dinámica y globalmente satisfactoria, en otros se limita a una o pocas aseguradoras y los productos se dirigen a unas pocas actividades o, incluso, a unos cuantos clientes de trato preferente.

España ocupa, sin duda, un lugar destacado en el primer grupo de países. La oferta de seguros medioambientales en nuestro país está sustentada por más de una veintena de aseguradoras, quince de ellas integradas en el Pool, entre las que tienen su espacio grandes y pequeñas, multinacionales y de ámbito regional.

En cuanto a la oferta, especialmente desde que entró en vigor la Ley de Responsabilidad Medioambiental, hará pronto 10 años, ha evolucionado con notable dinamismo; hoy se adapta no solamente a clientes globales con necesidades especiales, de capacidad y de coberturas, sino también a los más pequeños; no sólo los encuadrados en los sectores clásicos reconocidos como de más potencial contaminante, sino en los más variados; desde el agrícola o forestal, hasta el de construcción o los instaladores o contratistas más diversos, alcanzando incluso a las actividades no industriales, en las que la penetración viene apoyándose en su integración de estas coberturas en seguros multirriesgos.

Efectivamente, como refleja un reciente estudio de INESE, la oferta del sector asegurador español es muy dinámica; también la de seguros Medioambientales.

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