Los demandantes consideran que antes de esa venta se ocultó información en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos sobre la oferta pública de venta de acciones que se lanzó en 2011 en Wall Street.

En concreto, alegan que se omitieron hechos “relevantes” y que los riesgos de expropiación habían aumentado porque la producción de petróleo y gas “no era la adecuada” y porque no se reinvertió una parte “sustancial” de sus ganancias en las operaciones de YPF, extremos que coinciden con los argumentos utilizados por el Gobierno argentino.

Además de contra YPF, la demanda va dirigida contra la española Repsol, su presidente, Antonio Brufau; el actual vicepresidente de YPF, Enrique Esquenazi, y su hijo Sebastián, así como otros catorce directivos y exdirectivos de la petrolera.

YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo pasado, después de que el Parlamento aprobara una ley para expropiar el 51 % de las acciones a Repsol, que mantiene una participación del 12 % en la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

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