El estudio desarrolla la Ley 3/2005, que regula el derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y determina la creación de un registro de instrucciones previas donde las personas pueden dejar constancia escrita de los cuidados y tratamientos que quieren recibir en el final de su vida. En la obra, los autores reflexionan sobre la figura de las voluntades anticipadas o instrucciones previas. El estudio desarrolla, desde las perspectivas médico-legal, jurídica y deontológica, las decisiones que es preciso tomar ante una situación terminal, y cómo deberían respetarse las formas con que se quiere ser tratado cuando llegue ese momento postrero.

Durante la ceremonia de entrega de los premios, celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, tuvo lugar además la conferencia de Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Constitucional, quien realizó un análisis sobre importancia de la salud desde la perspectiva de la Constitución, ámbito cuyo “principio rector tiene que conectar esencialmente con derechos fundamentales y libertades públicas y con la actuación de los Poderes Públicos”, según apuntó.

En la ceremonia estuvieron presentes Diego Murillo, presidente de Fundación A.M.A.; Ricardo de Lorenzo, presidente de la Fundación De Lorenzo; Áurea Roldán Martín, subsecretaria del Ministerio de Justicia; y Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad de la Comunidad, entre otras personalidades. Murillo quiso elogiar a los ganadores del premio por desarrollar un asunto que calificó de “trascendente y serio” como es la preocupación personal por las atenciones y los posibles tratamientos al final de la vida. Además, quiso traer a coalición la importancia del cuidado de la salud en materia jurídica pues, “la salud es el derecho fundamental del ser humano y por eso necesita una protección jurídica justa y eficaz”.

Una vez recibido el premio, los galardonados destacaron que este “apasionante” trabajo sobre instrucciones previas, una asignatura pendiente en nuestro país, radica en la opción de poder “decidir cuando ya no es posible hacerlo” pues “cuando una persona pierde su capacidad de decidir, sigue manteniendo derechos que es preciso defender”.