Como estaba previsto, en la mañana de ayer se celebró una reunión entre representantes de los principales grupos aseguradores afectados por la Tempestad Ciclónica Atípica, o ciclón 'Klaus', de principios de enero, del Consorcio de Compensación de Seguros y de la DGSFP. La principal conclusión de la misma fue proceder a constituir, de forma inmediata, posiblemente empiece a ser configurado hoy mismo, un grupo de trabajo entre todas las partes para determinar si la normativa existente es la más adecuada y evitar que situaciones como esta no vuelvan a reproducirse. Como se constató entre los presentes, se pretende realizar un esfuerzo para mejorar y que "situaciones como esta no se vuelvan a repetir pues no son buenas ni para el sector, ni para los reaseguradores".

En principio la línea de trabajo a seguir para solventar las discrepancias respecto al 'Klaus' pasar por pedir nuevas indicaciones, mucho más precisas, a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre cómo se comportó la tormenta a su paso por España y en concreto por dónde pasó. La idea es que la propuesta final que se pueda hacer, previsiblemente por encima de la última planteada por el Consorcio y menor a las exigencias de las aseguradoras, esté "bien soportada en todos los ámbitos". Luego, dicho grupo de trabajo deberá estudiar si se debe reformar la legislación existente al respecto con la idea de problemáticas de este tipo no vuelvan a repetirse.

Hoy se ha firmado el Convenio de Reaseguro de Crédito

Por otra parte, hoy se ha firmado el Convenio de Reaseguro para el riesgo de Crédito entre el presidente del Consorcio de Compensación de Seguros y director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, y la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos. Este Convenio, al que se adherirán en los próximos días, con efecto 1 de enero de 2009, las entidades aseguradoras que operan en este ramo, constituye una medida de revitalización y fomento de las transacciones a crédito en el sector empresarial español.

La medida responde a la progresiva desaceleración de la economía internacional, que ha deteriorado la situación del crédito empresarial y ha incrementado de forma sensible el grado de morosidad de las empresas, obligando al reaseguro internacional del Seguro de Crédito a revisar de forma muy estricta sus criterios de suscripción de riesgos y a restringir significativamente las coberturas ofrecidas, limitando, en consecuencia, la capacidad del mercado de seguros para prestar garantías a las transacciones. La participación del CCS procura al sector una protección reaseguradora adicional que no representa un apoyo en forma de subvención, sino únicamente una medida transitoria que permitiría a las entidades aseguradoras disponer de su propia capacidad gestionándola a medio plazo, al proporcionarles protección para las eventuales pérdidas a corto plazo y permitirles atender al coste de esa protección, además de con las primas iniciales, si fuera necesario, a través de sus resultados posteriores.

El Convenio ha sido revisado por las autoridades comunitarias, que en principio han dado su ‘placet’ si bien se ha adelantado que desde Bruselas se seguirá atentamente su aplicación y desarrollo, sobre todo con vistas a regular a futuro sobre una situación que no es exclusiva del mercado español. Se acepta pues en este sentido el planteamiento de que se trata de una intervención planteada con un efecto de neutralidad a medio plazo, tanto para la institución pública como para la industria aseguradora privada y, por tanto, no representa una injerencia en la dinámica del mercado reasegurador internacional, al que no se sustituye, sino que se complementa, y supone un incremento del nivel de garantía a prestar al tejido empresarial y, por ende, una dinamización de las transacciones, que podrían verse facilitadas en un mínimo de 20.000 millones de euros, con un efecto claramente multiplicador respecto del volumen de recursos que se pondría a disposición de esta intervención.

El propio Ricardo Lozano informó ayer de las características de este Convenio al nuevo secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.