El proyecto fue adoptado por la Comisión el 16 de abril de 2013 y ahora está en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. La propuesta obliga a las empresas con más de 500 empleados a que divulguen información sobre sus políticas, riesgos y resultados en materia de medio ambiente, aspectos sociales y relacionados con los empleados, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y las cuestiones de corrupción, y la diversidad en sus consejos.

“Para muchas grandes empresas, la transparencia se ha convertido en una parte fundamental de su estrategia de negocio. Por tanto, la divulgación de la información ambiental y social puede ser visto de una manera positiva”, comenta el presidente de FERMA, Jorge Luzzi. “Pero es la divulgación y buena gestión de los riesgos la que crea las condiciones para la transparencia y la sostenibilidad. Por sí misma, la revelación no es suficiente”, añade.

Asimismo, advierte: “Si las regulaciones no contemplan las cuestiones específicas de la industria, en realidad la normas podrían dañar la competitividad y el rendimiento sostenible que tiene como objetivo promover la directiva”.