Como se explica, queda así cubierto el aseguramiento del personal directivo, funcionario, estatutario, laboral, así como el personal en formación o en prácticas, el acogido a medidas de fomento al empleo, además de los relacionados con empresas de trabajo temporal, y, en general, cualquier otro dependiente en el ejercicio de sus actividades por cuenta del SAS, siempre que preste sus servicios en los centros, dependencias y establecimientos propios del SAS o administrados por el mismo, y en los servicios que el SAS presta mediando desplazamiento, y sean remunerados por cuenta del mismo. También tendrán condición de asegurados los trabajadores de los centros y de los servicios concertados por el SAS.

La póliza cubre las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad profesional sanitaria o no sanitaria que, durante la vigencia del contrato, pudiera corresponder directa, solidaria o subsidiariamente al asegurado por daños corporales o materiales y perjuicios económicos consecutivos, causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de sus actividades por cuenta y para el SAS. También estarán cubiertas las reclamaciones por un procedimiento distinto al de responsabilidad patrimonial previsto en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en una jurisdicción distinta de la contencioso-administrativa. 

Balance de 25 años de coberturas

La Junta hace un balance, en su comunicado, de lo que ha supuesto el aseguramiento del SAS desde que en 1994 se puso en marcha el programa de contratación de seguros. Remarca al respecto que la cifra de reclamaciones patrimoniales presentadas en el SAS "ha ido descendiendo en los últimos años, a pesar de que ha aumentado la cartera de servicios y la población de la comunidad andaluza y, por tanto, el número de asistencias sanitarias realizadas.

En Andalucía, la sanidad pública ofrece cobertura a casi 8 millones de habitantes y en los centros sanitarios públicos trabajan casi 90.000 profesionales. Entre los años 2003 y 2017, el número de reclamaciones patrimoniales presentadas registró un descenso del 26,8%".

"De las reclamaciones resueltas en la vía administrativa en 2018, que fueron 726 en total, -especifica la Junta- el 91,73% fueron desestimatorias, el 2,34% se estimaron totalmente y el 5,92% de forma parcial. Las cuantías económicas indemnizadas en estos expedientes en la vía administrativa ascienden a 2.093.369 euros. Respecto a los expedientes resueltos en la vía judicial se indemnizaron 6.453.251,40 euros en 2018.