Respecto a la reforma del sistema público, señala que supone “un cambio estructural de calado”, ya que la evolución de las prestaciones queda ligada a la capacidad del sistema para generar ingresos, “de manera que se mitigan sustancialmente los riesgos de insostenibilidad que puedan generar escenarios macroeconómicos y demográficos adversos”.

En el trabajo, elaborado por Roberto Ramos, de la Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de España, se estima el impacto que esta reforma tendrá en las pensiones futuras. Tomando como base la memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley correspondiente, la aplicación del factor de sostenibilidad implicaría que una persona que haya generado los mismos derechos de pensión en el año 2025 que una persona que los haya generado en la actualidad tendría una disminución de la pensión inicial de aproximadamente un 3% en el año 2025, tendencia que se proyectaría hacia los años posteriores, de acuerdo con las tablas de mortalidad previstas actualmente.

DOTAR A LOS CIUDADANOS DE LA INFORMACIÓN NECESARIA

Advierte, por otro lado, que el nuevo sistema “puede aumentar la incertidumbre sobre la evolución futura de las pensiones”, por lo que se pide que su instrumentación se realice “con la mayor transparencia posible, con objeto de dotar a la población de la información necesaria sobre su pensión futura y permitir a los individuos tomar decisiones óptimas de ahorro durante su vida laboral para afrontar el período de jubilación”.

En este sentido, se recuerda que la reforma establece varios mecanismos en pos de esta transparencia, como la publicación de los valores relativos a la esperanza de vida, informando a los pensionistas sobre el efecto del factor de sostenibilidad en el cálculo de su pensión, o la difusión anual de los componentes que intervienen en el cálculo del índice de revalorización. 

ACCESO AL ANÁLISIS PUBLICADO POR EL BANCO DE ESPAÑA (PDF)