La representante del gremio ha señalado que el sector no puede pagar precios que superen dicha regulación, puesto que se traduciría en una sanción para la empresa. Asegura que “el sector siempre ha cumplido la normativa legal vigente, y en particular acata la Ley de la Actividad Aseguradora, que en el artículo 40, numeral 14 indica que las empresas de seguros tienen prohibido pagar precios a proveedores de insumos y servicios mayores a los ofertados para el público en general, o regulado si los hubiese”.

Indicó también que las compañías de seguros están dispuestas a dialogar y debatir sobre la regulación de estos servicios médicos y su baremo. Reconoció que por encima de compartir o no las regulaciones el sector siempre manifiesta “el apego a las normas y regulaciones que siempre han existido, muchas veces incluso a expensas de la operatividad y rentabilidad de las empresas de seguros y la afectación de los asegurados”, indicó.

TRANSFERENCIA DE COSTOS A USUARIOS

Por otro lado, la presidenta se mostró disgustada que se estén trasladando a los asegurados algunos costos, dado que no pueden hacerlo a las empresas de seguros por la regulación.

Respecto a las consecuencias para los pacientes de que un seguro no cubra ciertos exámenes porque en una clínica el costo sea mayor al regulado por la Superintedencia, indicó que “estos es todo un dilema. Nosotros nos regimos bajo unos criterios aprobados por el regulador; somos regulados con unos análisis de tarifas y el sector público hizo los análisis a través de la Sundecop”.

SE HA CREADO CONFUSIÓN

Al respecto también se pronunció el presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, Hipólito García, quien afirmó que el comunicado emitido por el gremio de empresas aseguradoras fue apresurado: “se adelantaron. No tomaron en cuenta que nosotros hicimos una serie de consideraciones sobre la regulación, las cuales están siendo evaluadas por la Sundecop”.
Agregó que el las palabras de Alesia Rodríguez han generado un mensaje confuso a la población y que ellos serán los principales afectados con la diferencia de precios.

Esta Asociación venezolana expresó a finales del mes de junio que no podían acatar la regulación porque la normativa contempla ambigüedades y no se aclaraba la clasificación de las clínicas. Asimismo, alertó de que las tarifas que se han fijado en la normativa no cubren los costos operativos y afecta por lo tanto a la rentabilidad del sector. De hecho, algunas clínicas del interior del país ya han manifestado que tendrán que reducir personal para cumplir con la ley.