Larraín explicó que “los elementos fundamentales de la iniciativa son ir hacia una mayor autonomía y crear un organismo colegiado, en el que van a poder proponer proyectos, y donde habrá una mayor transparencia y un análisis mucho más profundo, porque cualquier normativa que se esté proponiendo va a tener que contar con un policy paper. Creo que hay bastante consenso al respecto, eso nunca es garantía de que podamos lograr su aprobación en periodos cortos, pero espero que podamos hacerlo durante este gobierno”.

Por su parte, el superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, quien inauguró el panel de discusión, señaló en información de ‘Estrategia’ el interés en que tener un reforzamiento institucional ha estado muy presente. “Es un proyecto que claramente nos permite avanzar como país en un tema tan relevante como la regulación y fiscalización del mercado financiero y de seguros”, dijo.

Tal y como nos hemos ido publicando desde este boletín, a grandes rasgos la iniciativa propone un consejo de cinco miembros, cuatro consejeros y un presidente, el que será designado por el Presidente de la República, y permanecerá en el cargo por el mismo periodo presidencial. Los demás miembros del consejo serán nombrados en pares por el presidente de la República, con el acuerdo de 4/7 del Senado, y permanecerían en sus cargos por seis años con un recambio por parcialidades periódicas por parejas, cada tres años.

“UNA DECISIÓN EQUIVOCADA”

En otro panel en el que participaron los expertos Arturo Cifuentes (ex miembro de la comisión Desormeaux), y Alberto Etchegaray (ex titular de la SVS), junto a los diputados Jorge Burgos (DC) y Ernesto Silva (UDI), plantearon sus repartos al proyecto que calificaron como una decisión equivocada. Tal y como recoge ‘Diario Financiero’, Cifuentes puso el foco en las remuneraciones de los consejeros, las cuales, señaló, no serían atractivas para los potenciales aspirantes. De esta forma, planteó su oposición a que el titular de la comisión, quien es designado por el presidente de la República y aprobado por el Senado, tenga dedicación exclusiva en el cargo, mientras los consejeros sólo tendrán dedicación parcial.

Etchegaray puso de manifiesto su discrepancia con la posibilidad de que el titular de la comisión pueda ser removido por el presidente de la República, mientras que los consejeros se mantendrán por un plazo fijo. Etchegaray manifestó su preocupación ante la posibilidad de que sea la misma CVS la que deba evaluar el impacto regulatorio de las normativas que emite. Más bien, plantea que una tercera parte independiente debiera hacerse cargo del proceso. “Esto pone en evidencia la urgencia de crear la agencia evaluadora de políticas públicas”, apuntó.

Burgos, por su parte, valoró la potestad de la comisión de levantar el secreto bancario, aunque coincidió con Cifuentes en la inconveniencia de la dedicación parcial de los cuatro consejeros. Además, recomendó simplificar la declaración patrimonial de los consejeros, que debe ser jurada en una notaría cercana al domicilio de la CVS.

Silva -quien valoró que la iniciativa se discuta casi en paralelo con el proyecto que institucionalizará el Consejo de Estabilidad Financiera- criticó la creación de la figura de un fiscal que tendrá la potestad de levantar cargos, pero no de sancionar. “Será un fiscal muy empoderado pero que no se hará responsable”, dijo el parlamentario. El diputado UDI planteó que sería más factible que los consejeros se constituyeran como fiscales “ad hoc” de manera rotativa.