En el escrito se detalla que la deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria supera los 260.000 millones de pesos (140,7 millones de dólares). “Tan elevada cartera imposibilita el pago de salarios y prestaciones a trabajadores e insumos a proveedores. El incumplimiento de estas obligaciones vitales, impedirá, contra nuestra voluntad, la prestación de servicios de salud en los próximos 20 días”, según se hace eco el diario ‘Semana’.

Asimismo, la misiva aconseja que los organismos de control revisen los procesos ya que los recursos de las glosas, “que son abultados, terminan haciendo parte del patrimonio de las EPS sin autorización legal”. En ese sentido, los directivos reiteran que dichos recursos son del sistema. Las glosas, “por Ley, solo tienen derecho al 8% máximo de administración. Es un nuevo filón del negocio de la salud que estimula la sustracción ilegal de los recursos del sistema”.

Así, de las ocho EPS del régimen subsidiado que operan en Bogotá, cinco están quebradas, apuntándose en el escrito a HUMANA VIVIR, CÓNDOR y SOL SALUD o, señalando como intervenidas a CAPRECOM y ECOOPSOS. “Los prestadores creímos y pactamos con las aseguradoras porque el Gobierno les dio vida jurídica y las autorizó para contratar”, agrega la carta.

La carta también denuncia que “a partir del 1 de julio, con la nivelación total del Plan Obligatorio de Salud (POS), el estrangulamiento hospitalario será definitivo. Estando de acuerdo con la nivelación del POS, consideramos que se debe nivelar la UPC (la prima entregada a cada EPS por afiliado), para evitar una equivocada interpretación por parte de las aseguradoras”, se indica. El escrito también se refiere a los giros directos a las EPS y asegura que “además de golpear la descentralización, debilitan a los entes territoriales en la posibilidad de controlar o exigir a las EPS el pago de los servicios prestados por la red y habilita a la aseguradora para sea la única que certifica el valor de la deuda al prestador”.

Finalmente, el diario recuerda la Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760 del 2008, 10 de mayo del 2012 de la Contraloría que señala: “Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación. El Estado colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene como hacer control. Más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado”.

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