Ambas entidades presentaron "conjuntamente en su momento alegaciones a los distintos redactados de la norma, apuntando siempre a la necesidad de que la nueva ley resuelva aquellos supuestos que originan conflictividad en el mercado y crean confusión en el consumidor de productos de seguros”.  Uno de los supuestos que habría que resolver serían los efectos de los cambios en la posición mediadora y los métodos para conseguir dicho mandato, según recuerdan ambas organizaciones.

Además, informan que ven que se están produciendo distorsiones sobre la regulación actual del cambio de posición mediadora “que la nueva norma debería resolver”. “Cada compañía aseguradora actúa siguiendo su propia interpretación y/o sus procedimientos y sistemas”, explican. “Esta falta de uniformidad de actuación se da pese a que el Código Civil establece ya cómo se debe proceder en una relación de mandato, en su artículo 1.734. En este sentido, recuerda que la propia DGSFP ha emitido en diferentes ocasiones criterios específicos para resolver estas distorsiones.

Redacción del Anteproyecto y valoración

“La redacción ahora conocida del Anteproyecto, en su artículo 30.5, no resuelve cuáles deban ser los efectos que deba producir la comunicación, y se centra exclusivamente en determinar quién está facultado para comunicar el cambio de posición -algo que, como se ha expuesto, se encuentra ya recogido en la Ley sin que haya controversia alguna- y lo hace introduciendo un elemento nuevo que, lejos de solucionar la situación, puede empeorarla significativamente”, indica.

“Este elemento nuevo –añade- es la atribución de la facultad inicial de comunicación del cambio de posición mediadora al corredor, lo que, como desde AUNNA ASOCIACIÓN y CIAC se advierte, servirá para generar una nueva conflictividad en el mercado que hasta ahora no existía, afectando de forma más ostensible a los pequeños y medianos corredores”.

Por todo ello, ambas organizaciones consideran que:

- “La capacidad del Tomador para realizar cualquier modificación contractual es algo claramente regulado y recogido en el ordenamiento jurídico, por lo que no es necesario realizar cambios al respecto.

- Por el contrario, sí es necesario regular las consecuencias de la modificación contractual consistente en un cambio de posición mediadora: la Ley de Distribución debería tender a uniformar conductas de mercado, estableciendo pautas coherentes y lógicas con el mismo para atender a las consecuencias de una comunicación como la comentada, respecto al plazo para llevarlo a cabo en los sistemas del asegurador; el proceso y responsabilidades de comunicación y notificación (mediador nuevo / mediador anterior); las consecuencias respecto a la gestión del contrato (siniestros, variaciones de riesgo..); las consecuencias económicas (inmediatas, prorrateo, siguiente vencimiento…), etc.

- Una simple referencia en la futura Ley a lo ya establecido en nuestro Código Civil para cualquier relación de mandato (arts. 1732 y 1.739), podría ser una solución sencilla para clarificar una situación que ahora es origen de conflictos en el sector”.