Esto implica un nivel de fraude de entre el 7% y 10% del volumen de primas emitidas cada año, según confirmó Lina María Chacón, subgerente del Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude (Inif), en información que recoge ‘Portafolio’. Si bien ese indicador ha caído respecto del nivel anterior, 12,5 entre 2006 y 2008, la situación actual mantiene en alerta a las compañías. “Los delincuentes están siendo asesorados por expertos que, en un alto porcentaje, logran hacer que el fraude sea difícil de demostrar o llegue a ser invisible para las autoridades y aseguradoras”, explicó la experta.

Según detalló, la lucha contra el fraude es difícil, más después de que dejara de ser considerado desde 1980 como un delito para ser catalogado como conducta con agravante punitivo dentro del delito de estafa. Además, subrayó que el fraude genera exclusión, endurece las condiciones para acceder a los seguros y aumenta los costes tanto para el asegurado como para la compañía.

En este sentido, el abogado Allan Torres indicó que en otros países las penas van de 15 a 20 años y, muchas veces, las aseguradoras no comunican el delito o pagan las reclamaciones, aunque suenen sospechosas. “Lo hacen para ahorrar costes, porque los procesos suelen ser largos y engorrosos, y resulta más barato cancelarlos cuando se presentan”, señaló un corredor de seguros.

Raúl Camargo, gerente de mercadeo de La POSITIVA, explicó que existen dos tipos de defraudadores: las bandas organizadas y los ocasionales, y el fraude no solo se presenta a la hora de pedir la indemnización, sino en la solicitud del seguro, por ejemplo, asegurando algo que no existe.

De acuerdo a los expertos, en el mundo se han dado casos extremos, como el asesinato o la amputación de un miembro del cuerpo, como sucedió en España, donde el asegurado dijo haber sufrido un accidente en el que perdió el brazo, y posteriormente comprobaron que se lo había amputado para cobrar una indemnización por 600.000 euros (796.584 dólares).