En un comunicado emitido por la compañía del que se ha hecho eco ‘RPP’ se señala que la compañía “no contaba con productos que permitieran asegurar personas con habilidades diferentes puesto que en Perú no se tiene información estadística y estudios médicos que permitan hacer los respectivos cálculos actuariales”, si bien ha confirmado su intención de reevaluar sus políticas de suscripción para personas con síndrome de Down y ha asegurado que se ha diseñado un seguro para personas con “Habilidades Diferentes-Síndrome de Down, el cual ya está inscrito en la SBS y listo para ser comercializado a partir del 1 de agosto del presente año”, concluyen

Además, indica que “RIMAC SEGUROS es una empresa respetuosa de la labor de Indecopi; sin embargo, manifiesta su disconformidad con la resolución emitida pues considera que no incurrió en un acto de discriminación”. En el mismo sostiene que “la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 del Tribunal de Indecopi no ha decidido por unanimidad a favor del señor Céliz (padre de la joven); siendo la posición de RIMAC SEGUROS que no hubo discriminación, expresada por tres vocales de dicha Sala en la misma resolución, ante lo cual resulta necesario obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial”. “La Ley peruana prohíbe la discriminación, no el trato diferenciado por razones objetivas y razonables, que es lo que sucedió en este caso”, detalla.

ANTECEDENTES

Los hechos se remontan a diciembre de 2011, fecha en la que se emitió una primera resolución declarando fundada la denuncia por discriminación, y en la que se ordenaba a la empresa a cumplir con la solicitud de afiliación de Sandra Céliz y se le sancionaba con 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Asimismo, dispuso iniciar una investigación de oficio a fin de determinar si otras compañías aseguradoras también habrían incurrido en prácticas discriminatorias.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, recordó que desde enero de 2011 la Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento al proceso iniciado por los padres de Sandra Céliz Rossi ante el Indecopi, mediante la presentación de informes técnicos “que sustentaban cómo las empresas privadas que niegan un seguro de vida o salud a una persona con discapacidad incurren en una acción discriminatoria, al contravenir las obligaciones impuestas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“El mandato de no discriminación contra las personas con discapacidad constituye un límite al ejercicio del derecho a la libertad de contratación de las empresas, en este caso las de seguros. En términos generales, esta resolución advierte al sector privado respecto a la necesaria obligación de respetar los derechos fundamentales de los grupos humanos más vulnerables, sin distinción alguna”, determinó Vega Luna, quien ha aplaudido la confirmación de la sanción interpuesta por Indecopi.