El informe, publicado bajo el título ‘Los seguros agropecuarios en las Américas: un instrumento para la gestión del riesgo’, es una investigación efectuada por técnicos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (Alasa). También se pone de manifiesto que los países que están más comprometidos con la gestión del riesgo y los seguros agrícolas son aquellos en donde la actividad agropecuaria desempeña un papel social y económicamente destacado.

El cambio climático y los impactos negativos que de él se derivan (por ejemplo, una mayor frecuencia de pérdidas en la producción), es una realidad que afecta a los ingresos de los agricultores, a la seguridad alimentaria y a las economías nacionales, sobre todo las de los países de menor desarrollo relativo, apunta el informe. En este contexto, en la XIII Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), mediante la resolución número 411 del uno de setiembre de 2005, los ministros de agricultura de las Américas resolvieron:

- Solicitar al Director General del IICA promover y facilitar la cooperación horizontal entre los Estados Miembros y la sistematización y difusión de experiencias exitosas en materia de seguros agropecuarios y fondos de garantía.

- Instar a los Estados Miembros a contribuir en el intercambio de información y de expertos.

- Solicitar a la Dirección General establecer alianzas con instituciones financieras públicas y privadas, así como con organismos financieros, para la coordinación y complementación de esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de seguros agropecuarios. La preocupación por avanzar en el tratamiento de estos temas fue ratificada en la Declaración de los Ministros de Agricultura de las Américas, quienes, como resultado del encuentro celebrado en San José de Costa Rica en octubre de 2011, entre otros acuerdos, se comprometieron a “promover la innovación en la gestión del riesgo climático e impulsar iniciativas nacionales, regionales y hemisféricas, así como a la identificación y difusión de mejores prácticas que reduzcan la vulnerabilidad del sector agroalimentario y del medio rural”.

El objetivo del informe, explican los autores, es ofrecer una caracterización conceptual de los riesgos a los que está expuesta la agricultura y de los seguros agropecuarios como uno de los instrumentos que contribuyen a amortiguar los efectos negativos causados por las adversidades climáticas. Por otro lado, también recoge las principales normativas relacionadas con la gestión del riesgo y los seguros agrícolas, las instituciones con competencia en el tema y los sistemas de información que nutren la labor de estas instituciones. Los datos recopilados por país permiten ponderar el grado de penetración de los seguros, el tipo de cobertura que se ofrece y las empresas aseguradoras y reaseguradoras que prestan este tipo servicio en el mercado.

Asimismo, explican que esta publicación debe tomarse como el inicio de un proceso que busca analizar a fondo el mercado de seguros agropecuarios y que se espera tenga continuidad en próximas ediciones. Confiamos en que el documento sirva para identificar las necesidades de cooperación técnica de los países en este tema, sobre todo de los países de menor desarrollo relativo.

DEFINIR LOS ROLES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Varios diagnósticos señalan que los instrumentos de mitigación y transferencia de riesgos han penetrado poco en las economías agrarias de los países de ALC, lo que se constata en la recurrencia de solicitudes de apoyo y en la intervención, también recurrente, de los gobiernos, que se ven obligados a aportar recursos, normalmente escasos y no presupuestados, para atender las pérdidas provocadas por las adversidades climáticas.

Una de las causas de la limitada difusión de instrumentos de cobertura de riesgos es la ausencia de políticas al respecto y la relativa debilidad de las instituciones públicas y privadas encargadas del tema. Esto probablemente sea, apunta los autores, el resultado de una insuficiente comprensión por parte de los gobernantes de las implicancias y los impactos de los eventos adversos, así como de los instrumentos que pueden contribuir a mitigar sus repercusiones. Para avanzar en la solución de este problema, es necesario diseñar e implementar políticas adecuadas, definir los roles de los sectores público y privado, sea que estén dirigidos a la producción, a la provisión de seguros y otros fines, y promover una mayor interacción, entre ambos.

Otras debilidades identificadas en varios de los países de ALC son:

• Ausencia de políticas públicas que promuevan el desarrollo de instrumentos de gestión de riesgos, en general, y de programas de seguros agropecuarios, en particular. Por el contrario, una 'Ley de seguros agropecuarios', consensuada entre el sector productivo y el asegurador, le confiere a este tipo de instrumentos el carácter de políticas de Estado de largo plazo.

• Limitada capacidad técnica de las instituciones públicas para formular políticas y programas de seguros agropecuarios o para diseñar otros instrumentos de gestión de riesgos.

• Débil articulación entre las instituciones públicas y privadas con injerencia en el desarrollo de instrumentos de gestión de riesgos.

• Poca difusión de los seguros agropecuarios, lo que eleva los costos de las primas y deprime la demanda.

• Información escasa y de poca calidad, lo que dificulta el análisis de riesgos y, por tanto, el diseño de productos de seguros.

• Poca investigación, poco desarrollo y poca innovación en materia de gestión de riesgos, sobre todo en materia de seguros agropecuarios que respondan a las condiciones particulares de la agricultura de los distintos países de ALC.

• Desconocimiento, por parte de una gran mayoría de profesionales del agro, de técnicas y procedimientos que les permitan tratar de manera adecuada el tema del riesgo climático y concretamente, el tema de los seguros agropecuario.