Esta suma de acontecimientos y posicionamientos ha reavivado, con mayor  intensidad, la vieja polémica entre la mediación profesional y las entidades bancarias en materia de distribución de seguros, a la que se suman ahora otros actores que se  habían mantenido en silencio. Las fuerzas en esta pugna no son, ni de lejos, ecuánimes;  se produce un claro desequilibrio a favor de las entidades bancarias lo que sitúa el  conflicto en una desigualdad que solo los poderes públicos pueden solucionar, si de verdad existiese voluntad de resolución.

Pero, no se observa ningún avance en esta cuestión y lejos de normalizarse asistimos a un redoblado y desmedido interés de las entidades financieras por aumentar su cuota de mercado asegurador. Es precisamente esta voracidad la que lleva a algunas entidades a utilizar los inapropiados métodos  denunciados. También parece significativa la postura adoptada por AMAEF, cuando ha manifestado su intención de no enfrentarse con ninguna asociación y que su prioridad se centra en la defensa de los empleados del sector bancario defendiendo la banca actual como la práctica correcta y la observancia de la Ley. Se olvidan en AMAEF que la denuncia de las malas prácticas no tiene como objetivo a los empleados de banca, esta va dirigida a las entidades financieras como responsables de las instrucciones y de la estrategia implantada para la consecución de este negocio asegurador, sus empleados son meros ejecutores.

¡QUÉ HACER?

Los frentes están claramente definidos, los intereses también. Las prácticas objeto de denuncias han quedado constatadas. ¿Qué corresponde hacer ahora? La respuesta para mi es clara: hay que llegar al fondo de la cuestión y conseguir que se legisle en beneficio de la parte más débil, el consumidor,  protegiendo adecuadamente sus intereses y no dejando que los mismos se vean continuamente violentados por actuaciones que directamente anulan su libre capacidad de decisión.

La solución a este conflicto solamente puede ser una: prohibir la distribución de  seguros a las entidades financieras; cualquier otra medida podrá suavizar, pero no evitar la irracional anulación de la libre voluntad de contratación que, por derecho, le corresponde al consumidor. Legislar en el sentido propuesto no debería de suponer ningún trauma, los que estamos en esta parte de la mediación somos fieles testigo de lo mucho que durante diferentes Administraciones se ha legislado en materia de distribución y siempre con una exposición de motivos basada en la protección de tomadores y asegurados. Desde el poder desmedido que supone tener la capacidad de conceder financiación, cualquier otra medida distinta de la comentada es sencillamente maquillar el problema.

Seguramente muchos pensarán que esto es una utopía y, por tanto, un reto de imposible realización; tal vez sea  esta posición la que nos está haciendo un tremendo daño, pues está evitando que se produzca una verdadera respuesta ante esta práctica.

Hasta ahora nos avalaba solamente la razón, pero ahora se han sumado la Agencia Española de Protección de Datos y el Parlamento Europeo con su Directiva Hipotecaria que prohíbe vincular hipotecas a seguros. El escenario es distinto al que teníamos hace solo unos meses y esto debería hacer recapacitar a quienes tienen la posibilidad de poner coto a esta situación y, de esta manera, conseguir  poner racionalidad sobre una situación totalmente irracional que, además, en algunos casos,  tiene como exponente  a entidades reflotadas con fondos públicos.

Nuestro colectivo se ha caracterizado siempre por el más absoluto respeto a la libertad de mercado, pero esa libertad no será nunca cierta mientras se permita que algunos operadores cuenten con elementos de presión, de tal poder, que sencillamente anulan la libre capacidad de decisión y de contratación del consumidor de seguros.