Esta autorización se ha incluido en el Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

El Ministerio de Fomento está coordinando el anticipo del pago de las indemnizaciones de los perjudicados en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela con las aseguradoras y Renfe.

ACTITUD COLABORADORA DE LAS ASEGURADORAS

El Gobierno ha subrayado que las aseguradoras "han dado muestras de una actitud colaboradora y de disposición para afrontar las indemnizaciones a la mayor brevedad posible". Además, ha confirmado que QBE INSURANCE (EUROPE), la aseguradora de RC de Renfe, "ha ofrecido consignar ante el juez la suma de 2,75 millones de euros que dé cobertura a las posibles responsabilidades a sufragar en concepto de pagos adelantados". Asimismo, recuerda que, "puesto que la responsabilidad de pagar cantidades económicas por responsabilidad civil solo es exigible desde que se establezcan judicialmente en la correspondiente sentencia, este adelanto es voluntario".

En la reseña del Consejo de Ministros del pasado viernes, también se hace referencia al trabajo de Renfe y de ALLIANZ, entidad con la que la operadora tiene el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), "para iniciar a la mayor brevedad la gestión de las indemnizaciones". Este seguro, confirma, "es complementario y acumulable a las cuantías que pudieran corresponder como indemnización por responsabilidad civil".

Por último, recuerda, tal y como adelantó el 'BDS', que la póliza suscrita por Renfe amplía las coberturas e indemnizaciones legalmente establecidas. "Ello ha permitido que se puedan cubrir gastos adicionales y también permitirá que las cuantías de las indemnizaciones sean superiores a lo establecido legalmente", explica el Gobierno.

ASISTENCIA A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRANSPORTE FERROVIARIO

Por otra parte, el Gobierno ha confirmado que prevé desarrollar un reglamento para la asistencia a los afectados por accidentes de transporte ferroviario de competencia estatal, "que tendrá entre sus objetivos establecer una regulación de manera unitaria en todo el territorio nacional, mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados y fortalecer los instrumentos de asistencia".

Se trata de una medida que pretende ir más allá de los mínimos regulados en el Reglamento comunitario de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril y que servirá de base para avanzar en todos los sistemas de protección y aseguramiento de los viajeros.