En concreto, de acuerdo a la sentencia a la que ha tenido acceso esta Redacción, la Defensora de los Habitantes de la República, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, solicitó el pasado 7 de mayo que se declarase la inconstitucionalidad de los artículos 37 incisos a) y b); 39 inciso a) en relación con el 36 inciso 1), 38 incisos 1) y 25, todos de Ley Reguladora del Mercado de Seguros número 8653. En cuanto al reclamo propiamente dicho, la Defensoría alega que durante muchos años el mercado de seguros costarricense ha funcionado ligado a la figura de un monopolio estatal, “sin embargo a partir de 2008 se optó por la apertura de esa actividad, excluyendo de momento los seguros universales y obligatorios como el de vehículos y el de riesgos laborales”.

Se indica que a raíz de esa apertura se optó por establecer una regulación legal y crear un órgano encargado de regular y vigilar el mercado, así como la conducta de los operadores con el fin de proteger los intereses y derechos de los consumidores, puntualizando que “precisamente en esa labor de vigilancia y sanción es donde existe una lesión a la Constitución Política porque los artículos impugnados establecen un tratamiento desigual para las diferentes entidades aseguradoras y reaseguradoras, sin tenerse en cuenta que para algunas de ellas las sanciones que puedan llegar a establecerse pueden ser ruinosas, con lo cual tendrían que salir del mercado afectando de ese modo a los consumidores y pobladores en general”.

En el proceso, tanto la Procuraduría General de la República como la Superintendencia General de Seguros han planteado dudas sobre la admisibilidad de la acción planteada y coinciden en que “esta acción se ejerce en defensa de las entidades aseguradoras y reaseguradores del país, con particular énfasis en los perjuicios de la normativa impugnada para el Instituto Nacional de Seguros”. La Superintendencia General de Seguros explica que en un sistema de apertura en el mercado de seguros “es necesario que especialmente las empresas aseguradoras tengan lineamientos claros fijados en el ordenamiento jurídico, para la realización de su actividad de modo que se garantice a los ciudadanos que su actividad sea apegada la legalidad y una buena técnica”.

Se alega por ambas partes que no hay en realidad ningún ligamen entre este tema y los derechos e intereses de los habitantes del país por lo que la acción de la Defensoría deriva más bien en una acción para la protección del derecho e interés individual de prácticamente un solo ente, que es el INS.

Así, se rechaza la demanda interpuesta al considerarse que queda fuera del ámbito de las competencias de la Defensoría que, además, no presenta justificación alguna para actuar directamente a favor de las empresas aseguradoras y reaseguradoras y tampoco se ha demostrado que las normas discutidas producirán, necesariamente y por sí mismas, un perjuicio al conjunto de consumidores, mientras que la declaratoria que se pide, si incidirá negativamente en el citado conjunto de personas.

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