El convenio regula las relaciones entre las partes firmantes para la gestión de la asistencia sanitaria prestada en el ámbito de la sanidad pública -en este caso, en los centros hospitalarios adscritos al Ministerio de Defensa- a lesionados por hechos de la circulación, estableciendo los precios de los servicios de dichas prestaciones, que serán aplicables a las asistencias sanitarias realizadas a partir del 1 de enero de 2017.

Todas las facturaciones tendrán un límite máximo de dos años desde la primera asistencia prestada en el sector público, salvo que se produzca la estabilización antes del referido plazo y sean de aplicación los supuestos previstos en el convenio marco de Asistencia Sanitaria Futura.

El Ministerio de Defensa ostenta las competencias para prestar asistencia sanitaria en las ciudades de Madrid y Zaragoza, por medio del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y del Hospital General de la Defensa Orad y Gajías, respectivamente.

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