La iniciativa está respaldada por Jorge Chemes (Entre Ríos), Lucio Aspiazu (Corrientes), Juan Casañas (Tucumán), y las diputadas del PRO Gladys González (Buenos Aires) y de la Coalición Cívica (fiel adherente a Elisa Carrió) Hilma Ré (Entre Ríos).
Y plantea que la porción de prima subsidiada será el diferencial entre lo que cueste la prima básica, conforme a las condiciones de cada región, por otra de tipo “compensatoria” que surge también de las características de cada región para cada cultivo, según se hace eco ‘Más Producción.com’.

Asimismo, el seguro no será obligatorio, sino por la adhesión de los empresarios y se creará un Consejo Consultivo con la participación de las entidades de la administración pública nacional, provincial, el Inta, el Servicio Meteorológico, y las empresas de seguro y reaseguro. Todos ellos coordinados por la Oficina de Riesgo Agropecuario que funciona en el Ministerio de Agricultura de la Nación.

Pero la norma en cuestión plantea también otros beneficios como el descuento de ganancias del 100% de lo que se destine a la cobertura de riesgo, la continuidad de los beneficios que otorga la ley de emergencia actual (a la que se añade una modificación) y la reducción en el IVA en un 50 por ciento para la comercialización de seguros.

Según los legisladores la inversión del sector ronda los 40.000 millones de dólares anuales, pero para su cobertura por contingencias climáticas solamente existe un fondo de emergencia que gira en torno a los 120 millones de la misma moneda. “Es imposible que desde este fondo o cualquier otro que se cree, se pueda atender a cualquier adversidad que se presente”, aseguran.

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