1. Las medidas planteadas en las reformas del público de pensiones de 2011 y 2013, no son muy novedosas ni radicales sino que están en línea con las tomadas por otros países de nuestro entorno

2. Dichas reformas han avanzado en la solución del problema de la sostenibilidad, pero no aseguran la completa suficiencia y equidad de las pensiones. Por ello, el sistema va a requerir continuas adaptaciones para hacerlo más eficiente, justo y coherente.

3. La reforma de las pensiones debe ser enfocada como una gran reforma estructural, que tiene amplia repercusión en el conjunto del sistema financiero y de la economía.

4. Las políticas de promoción del crecimiento y de la productividad terminan siendo de apoyo al sistema de protección social y son claves para asegurar pensiones mejores en el futuro.

5. En el sistema español de pensiones subsisten “injusticias actuariales” derivadas de la mayor longevidad diferencial de la que disfrutan ciertos grupos de población o colectivos. Estos desajustes deben resolverse en la medida de lo posible.

6. La mitad de la población española mantiene una posición favorable hacia una responsabilidad compartida entre el individuo y el Estado en la provisión de pensiones.

7. La transición hacia un sistema mixto requiere tiempo y prudencia, pero es posible y deseable.

8. Es necesario impulsar la existencia de mercados financieros más líquidos y profundos que faciliten una mayor capitalización de las empresas y el crecimiento económico

9. Es necesario mejorar la transparencia del sistema actual.

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