Señala el directivo que han recibido más de 620.000 solicitudes, de las que tienen atrasadas 80.000. Es decir, puntualiza, “por fuera de los términos de cuatro meses para una solicitud de pensión por primera vez y de dos meses para un recurso que se interroga”.

Por otra parte, el directivo también aseguró que antes de que finalice el año estarán resueltas las 12.500 solicitudes que están basadas en sentencias judiciales. El motivo del retraso, explica, es que “estamos buscando esas sentencias en todos los juzgados del país porque primero es necesario hacer un estudio de seguridad jurídica y saber si ya había un proceso ejecutivo y si efectivamente el Instituto de Seguridad Social había pagado sobre esas sentencias”.

Finalmente, Olivera presentará en los próximos días el plan de acción y los argumentos que llevará a la Corte Consitucional para defenderse del incidente de desacato que le impuso por el "reiterado incumplimiento de las órdenes de calidad de los actos administrativos", como concluye el Auto 259 de 2014.