Entre las modificaciones que merecen un juicio positivo cabe citar las relativas a la simplificación del procedimiento pericial previsto en el artículo 38 de la vigente Ley; pero, a cambio, introduce otras que inducen a confusión y dan la impresión de que el texto no se ha madurado lo suficiente. Así sucede, por ejemplo, con el precepto por el que se decreta la nulidad de de las cláusulas que sean declaradas abusivas por parte de los jueces o Tribunales, sin mayor especificación; ante lo que inmediatamente surge la pregunta: ¿por parte de qué jueces o Tribunales? ¿Basta con que un juez de primera instancia califique una cláusula como abusiva para que dicha cláusula sea nula? ¿Y si otro la admite? Parecería más lógico que esa consecuencia sólo se diera en el caso de que esa calificación emanara del Tribunal Supremo. También, en relación con la falta de pago de la prima, sigue sin abordarse el tema de las primas fraccionadas, cuya falta de pago por parte del tomador da lugar a situaciones de abuso que, con la normativa actual, es difícil corregir.

También se presta a confusión la parte relativa a las obligaciones del asegurador relacionadas con el pago del siniestro. A primera vista, parece que la propuesta haya superado la complejidad de redacción del actual artículo 20; pero lo que hace en realidad es crear una situación difícil de entender. Por una parte, dispone que el asegurador presente, en el plazo de dos meses desde la comunicación del siniestro, una oferta motivada de indemnización o, en su defecto, cuando prevea que la reclamación del asegurado no puede prosperar, una propuesta motivada. Dispone, asimismo, que si en el plazo de tres meses el asegurador no hubiera realizado su prestación indemnizatoria, se produzca el devengo de intereses moratorios hasta el momento del pago. Y tanto para el cumplimiento de su obligación de pago de la indemnización, como para el devengo de intereses moratorios, la propuesta de la Comisión toma como referencia la fecha de producción del siniestro, cuando el momento relevante debería ser el de comunicación del mismo, que es cuando el asegurador puede empezar a actuar.

Pero, por otra parte, y es ahí donde surge la mayor dificultad interpretativa, más adelante se dispone que en el plazo máximo del mes siguiente a la comunicación del siniestro el  asegurado (o el tomador) facilite al asegurador una información complementaria sobre el alcance del daño sufrido, incluida una estimación de su valor razonable; imponiendo, a su vez, al asegurador, en el mismo plazo de un mes desde que recibió la información complementaria, el deber de presentar a quien haya efectuado la reclamación una oferta motivada, o una respuesta motivada rechazando la cobertura del siniestro.

Comparando los dos preceptos surge la duda de cuál es el aplicable, ya que ambos son incompatibles. Si la oferta motivada se halla sujeta al plazo de dos meses desde la comunicación del siniestro, no puede hallarse, al mismo tiempo, sujeta al plazo de un mes desde la recepción de la información complementaria. Ello sin contar con que el supuesto de que todos los asegurados vayan a presentar una información complementaria es muy poco realista, puesto que se trata de un comportamiento que es extraño a la gran masa de asegurados que configura el mercado de seguros; más aún cuando se pide que esa información contenga una estimación de los daños sufridos, pretensión ésta muy difícil de satisfacer en la mayoría de los casos. Además, se pide que el asegurador satisfaga la indemnización en los cinco días siguientes a contar desde que hizo la oferta motivada; y, si no, se empezarán a devengar intereses moratorios ¿No había dicho antes que el devengo de intereses se producía si no se había efectuado el pago en los tres meses siguientes a la producción del siniestro?

La diferente regulación en ambos preceptos de lo que aparentemente es una misma situación  no deja de causar perplejidad. Podría aducirse que las consecuencias del  impago en los primeros tres meses corresponden a las disposiciones generales sobre el contrato de seguro, mientras que las del impago en los cinco días siguientes se limitan a los seguros de daños. Pero esto no se desprende de la redacción utilizada, por cuanto al tratar de esta materia en las disposiciones generales aplicables a todo contrato de seguro se hace expresa referencia al pago de la indemnización, que es un concepto privativo de los seguros de daños.

Por otra parte, la propuesta de nuevo texto legal presenta, en relación con el texto vigente, omisiones que no tienen fácil explicación. Así, cuando en el seguro de responsabilidad civil elude cualquier referencia a la problemática representada por el uso de las cláusulas “claim made”; o cuando, en relación con la acción directa contra el asegurador, admite la posibilidad de oponer al perjudicado excepciones basadas en el contrato de seguro (excepciones contra el asegurado), que, conforme a la normativa actual, es claro que no puede oponerse frente al perjudicado. Además, el nuevo texto contiene algunas exigencias que habría que matizar, como la de informar al reasegurador sobre las modificaciones de la suma asegurada, cuando en los contratos de reaseguro de exceso de pérdidas este concepto no es aplicable.

En relación con los seguros de personas la nueva regulación es prácticamente la misma que la actual en el seguro de vida, y algo más detallada en el de accidentes. Se incluye, junto al de dependencia, al seguro de decesos; pero con una definición tan sumaria de este último que se presta a toda clase de incertidumbres en cuanto a su régimen jurídico, ignorando particularidades tan esenciales como la difícil aplicación a este tipo de contratos del concepto legal de seguros de grupo (cuando los seguros de decesos suelen ser colectivos, por ser pólizas familiares), o la imposibilidad de establecer la figura del beneficiario en los términos en los que la Ley concibe esta figura.