Entre los asuntos abordados en este informe, la institución confirma que continúa abierta la investigación de oficio, que se inició en el año 2011, sobre “la exigencia de contratación de un seguro de Vida y de desempleo aparejado a los préstamos hipotecarios por parte de las entidades bancarias a sus clientes con sus propias compañías aseguradoras, con la posterior denegación de la cobertura por las numerosas limitaciones recogidas en los contratos”.

Desde la Defensora del Pueblo se recomendó a la DGSFP y al Banco de España la restricción de esta práctica y la redacción con mayor claridad por las discrepancias existente en el contenido de las mismas. “El Banco de España –se explica- consideró que no hay límites para que las entidades ofrezcan la suscripción de un préstamo en determinadas condiciones si el prestatario cumple uno o varios requisitos adicionales, como pueden ser, la contratación de un seguro de unas determinadas características. Pero se exige a las entidades el cumplimiento de unas obligaciones y, entre ellas, las de información al cliente que, en el concreto ámbito de los contratos vinculados, la Orden EHA/2899/2011 pretende reforzar”.

Según la Defensora del Pueblo, “no se ha procedido con rotundidad frente al incumplimiento de las buenas prácticas y el abuso de algunas entidades bancarias con sus clientes que no dieron su consentimiento voluntario a la suscripción de los seguros, que además no se adaptaban a las circunstancias y características del prestatario”.

Parte de las recomendaciones han sido aceptadas por la DGSFP, que aprovechará la reforma de la Ley del Contrato del Seguro para dotar de mayor transparencia a los contratos, “con el objeto –se apunta- de hacer más comprensible el contenido de la póliza, aclarar ciertas contradicciones y conformar un proceso contractual equitativo, con la finalidad de reforzar la protección de los asegurados”. Sin embargo, se matiza, la recomendación sobre la necesidad de establecer restricciones a la práctica de las entidades bancarias de imponer en la contratación de los seguros de protección de préstamos, se ha trasladado a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

PIDE QUE SE PERMITA EL RESCATE DEL PLAN DE PENSIONES POR PERSONAS QUE LO CONTRATARON ESTANDO EN PARO

En su informe anual, la Defensora del Pueblo también apunta a “un nuevo problema” que ha surgido el pasado ejercicio en relación con los planes de pensiones y que se refiere “a la denegación del rescate si la contratación se efectuó estando desempleado”. La institución cree que sería “conveniente” que se modificara la normativa actual y se permitiera el rescate del plan de pensiones en estos casos. “Se trataría de paliar una situación de emergencia que afecta seriamente a la capacidad económica de los partícipes”.

En el informe se explica que la DGSFP opina que la contratación de los planes de pensiones estando en situación de desempleo se podría utilizar por parte de los partícipes como mero instrumento de planificación fiscal, “sin embargo, esta institución estima que existen cautelas que se pueden adoptar para evitar la utilización fiscal en estos casos”. Todavía no se ha producido una respuesta a este último punto.