En enero de 2012, la oficina del Defensor del Pueblo hizo público un amplio informe monográfico, titulado ‘Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo’ [PDF], en el que se efectuaban una serie de recomendaciones al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) en relación a los seguros de protección de pagos vinculados a préstamos concedidos por las entidades bancarias.

Desde el Banco de España se desentendieron de estas recomendaciones aduciendo que existe “el principio general de libertad de pactos” y que como órgano supervisor carece de competencias para establecer restricciones a aquel principio general, así como para pronunciarse sobre el contenido de los contratos de seguros, y sobre los posibles conflictos derivados de la materialización de las prestaciones previstas en los mismos tras el acaecimiento de las contingencias. No obstante, el Banco de España subraya que, en el marco de las funciones que tiene legalmente atribuidas, ha venido estableciendo “criterios de buenas prácticas” en la comercialización de estos productos.

A partir de esta respuesta, el Defensor del Pueblo considera que desde el banco central español “no se ha procedido con rotundidad frente al incumplimiento de las buenas prácticas y se ha permanecido impasible ante el abuso de las entidades bancarias frente a los clientes que no dieron su consentimiento voluntario a la suscripción de los seguros, y que además estos seguros no se adaptaban a las circunstancias y características del prestatario”.

LA DGSFP ACEPTA DOS RECOMENDACIONES Y SE DECLARA INCOMPETENTE EN LA TERCERA

Tras la respuesta del Banco de España, y según informa el Consejo General en una circular a los presidentes de los Colegios, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la DGSFP que ha aceptado dos de sus recomendaciones sobre transparencia y sobre las cláusulas de los contratos de seguros.

En concreto, el supervisor de seguros argumenta que se aprovechará la próxima reforma de la Ley de Contrato de Seguro para introducir mayor transparencia en los contratos con el objeto de hacer más comprensible el contenido de la póliza, aclarar ciertas contradicciones y conformar un proceso contractual más claro, con la finalidad de reforzar la protección de los asegurados. En cuanto a la segunda recomendación, la DGSFP recuerda que la normativa de protección a los asegurados ya regula los requisitos que han de cumplir las cláusulas de los contratos de seguro, estableciendo que estas no podrán tener carácter lesivo que deberán estar redactadas con claridad y precisión. El cumplimiento de estos requisitos -dice la DGSFP-, se analiza por el Servicio de Reclamaciones en su actividad diaria de atender las reclamaciones de los ciudadanos extremando las precauciones en la interpretación de las pólizas, siguiendo lo que establece la recomendación del Defensor.

En cuanto a la tercera recomendación, referida a la necesidad de establecer restricciones a la práctica de las entidades bancarias de imponer la contratación de los seguros de protección de préstamos, la DGSFP ha trasladado dicha recomendación a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, por ser este el órgano competente en materia de regulación de entidades de crédito, así como a UNESPA para su conocimiento y valoración.

Tras esta respuesta, el Defensor del Pueblo ha informado al Consejo General que ha pedido información complementaria a la DGSFP sobre las modificaciones concretas que se efectúen en la Ley del Contrato de Seguro y que se ha dirigido, con fecha 26 de septiembre, a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, solicitando información sobre la aceptación de esta tercera recomendación o, en su caso, sobre las razones que se estimen para no aceptarla.


LAS TRES RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

1) Que se valore la necesidad de establecer restricciones a la práctica generalizada de los bancos de imponer la contratación de seguros de Protección de Préstamos, “que en la gran mayoría de los casos no garantizan el pago de los préstamos, dadas las numerosas limitaciones para desplegar la cobertura, tanto por desempleo como por incapacidad, evitando las consecuencias negativas para los clientes por el elevado coste del seguro, y posibilitar la contratación voluntaria real de estos u otros seguros a los clientes en el caso de que decidieran protegerse de esos riesgos, y evitar un enriquecimiento injusto”.

2) “Se debería observar una mayor diligencia por parte de las compañías aseguradoras a la hora de redactar las pólizas, dada la existencia de discrepancias al interpretar el contenido de las mismas, considerando los ciudadanos que lo que se había contratado eran dos coberturas, no una u otra dependiendo del contrato laboral que tenga el asegurado”.

3) “Se recomienda que se extremen la cautelas en la interpretación que se efectúa de estas pólizas, ya que está claro que los ciudadanos no han prestado su consentimiento libremente para su contratación y, desde luego, no han prestado su consentimiento informado” .