Así lo confirma el ‘Estudio Anual de Preparación para la Jubilación 2016’ de AEGON, que destaca que mientras la generación de los baby boomers cree que la pensión supondrá un 75% del total de sus ingresos, la perspectiva de  los más jóvenes (los denominados centennials, es decir los nacidos a partir del inicio del nuevo milenio) es que la pensión pública suponga poco más del 40% de sus ingresos durante la jubilación. Los millennials y la generación X, que se sitúan entre las dos generaciones anteriores, consideran que la pensión supondrá el 53% y 66% del total de sus ingresos, respectivamente.

El informe también destaca que los más jóvenes son los más conscientes de su responsabilidad de ahorrar. El 35% de los centennials se considera muy responsable de los ingresos que pueda obtener para su jubilación, seguidos de los baby boomers, con un 32%. A cinco puntos se coloca la generación X, con 27%,  mientras que los millennials son la generación que muestra el porcentaje más bajo en este aspecto (23%), cinco puntos por debajo de la media general.

En lo que sí parecen coincidir prácticamente por igual todas las generaciones, con independencia de su edad, en es la escasa capacidad de ahorro: prácticamente la mitad no ahorra nada o casi nada, con porcentajes que van desde el 45% de los millenilas hasta el 52% de los centenials que dice no ahorrar. En línea con este dato, el 28% de los centennials y millennials admite que no tiene un plan para la jubilación, un porcentaje que no se distancia mucho de la generación X y baby boomers, con un 22% y 23%, respectivamente.

 

Fedea pide “blindar” la pensión mínima ligándola a la tasa de inflación

La situación financiera del sistema contributivo de pensiones se ha ido deteriorando  entre 1985 y 2014 debido fundamentalmente, por un lado, al envejecimiento de la población española (que se ha traducido en un descenso en el número de personas en edad de trabajar que han de financiar cada pensión con sus cotizaciones sociales), y por otro, a la desaceleración del crecimiento de la productividad y, por tanto de los  salarios reales, que han tendido al estancamiento en las últimas décadas.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las reformas adoptadas por los dos últimos Gobiernos parecen conseguir contener  el  gasto durante las próximas décadas, pero lo hace en buena parte gracias a una norma de actualización de las pensiones -el índice de revalorización, que fija la subida mínima en el 0,25%- que implica la práctica congelación de las mismas durante varias décadas, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida de muchas cohortes de pensionistas. Por ello, desde la institución abogan por buscar “formas de suavizar sus efectos adversos a un coste asumible”.

Una de estas posibilidades, tal y como refleja el informe presentado ayer por Fedea, sería la de “blindar” la pensión mínima del sistema, ligándola a la tasa de inflación. Esta medida tendría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de cuatro décimas de PIB que habría que financiar con impuestos adicionales. “Lo que no sería aconsejable, sin embargo, sería extender la indexación al IPC al conjunto de las pensiones sin ninguna contrapartida, puesto que supondría un fuerte incremento del gasto”, advierte. Tampoco parece gustarle la propuesta de financiar con impuestos ciertos tipos de pensiones.

Fedea considera, finalmente, que en la reforma de las pensiones se tiene que pensar a largo plazo y actuar en consecuencia: “Si queremos evitar males mayores en el futuro, es imprescindible que los posibles parches formen parte de un acuerdo más amplio sobre un plan de actuación coherente que inicie lo antes posible la transición hacia un nuevo diseño del sistema público de pensiones que, además de  más equitativo y transparente, deberá ser más adaptable a las circunstancias  económicas que el actual y más cercano a los parámetros de generosidad de los países de nuestro entorno”.

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