No obstante, matiza que la adopción de manera aislada de esta medida “no soluciona uno de los problemas más graves del supervisor”, esto es, añade, “la falta de medios y la necesidad de contar con un marco de supervisión acorde con las mejores prácticas internacionales”.

Además, advierten de que la ausencia de medios se ve agravada “con la inexistencia de una política de retención de personal que no solo afecta a inspectores sino a todo el personal del supervisor”. La “ausencia de una política de retención”, según APISE, ha dado lugar a una fuga de inspectores no solo hacia el sector privado sino también hacia el sector público, “agudizando aún más los desequilibrios existentes entre categorías y funciones”.

Por otro lado, esta asociación quiere subrayar que, aunque actualmente el supervisor cuente con el mayor número de inspectores desde 2010, esta cifra está muy por debajo del nivel esperado ante las reformas legislativas sucedidas para conseguir equipararse con otros supervisores, tanto nacionales como europeos, y, de esta manera, poder desempeñar sus funciones con la eficacia exigible y de acuerdo con los estándares internacionalmente aceptados.

“APISE –concluye su comunicado- viene reivindicando la urgencia de contar con un supervisor con más recursos, fuerte e independiente que pueda hacer frente al incremento de obligaciones y responsabilidades que el nuevo modelo de supervisión basado en riesgo conlleva”.