Esta situación también supone un nuevo nicho de mercado para las aseguradoras de Salud. “Los inmigrantes sin papeles son ahora uno de nuestros objetivos”, reconocen fuentes de una aseguradora al diario 'El País'. Estas mismas fuentes admiten que, desde abril, cuando el Gobierno anunció la retirada de la tarjeta sanitaria a sin papeles, ha aumentado el número de inmigrantes irregulares que contratan este tipo de seguros.

El diario se fija en las facilidades que ofrecen las aseguradoras: tanto SANITAS, como ADESLAS SEGURCAIXA y ASISA, permiten la contratación con la presentación del pasaporte y del número de cuenta del banco. "Y ni siquiera la cuenta bancaria es un requisito obligatorio. Basta con que cualquier persona esté dispuesta a prestar su número de cuenta para el cobro", apunta el diario.

ACLARACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha adelantado que trabaja, junto con las Comunidades Autónomas, "en el desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España".

El contenido de estos acuerdos se está estudiando con las Comunidades Autónomas, a las que se ha enviado un documento de trabajo para que realicen las alegaciones que estimen oportunas.

En cualquier caso, precisa Sanidad, "estarán dirigidos a los siguientes colectivos: españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas); europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español; y nacionales de terceros países que durante su estancia en España, quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público".

La cuantía de la suscripción de los convenios (59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto) se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos.

En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación. "En cualquier caso, tal y como establece el Real Decreto-ley 16/2012, todos los ciudadanos tendrán garantizada su asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años", concluye.