Según establece el Tribunal Constitucional en una sentencia del 20 de abril de 2009, los derechos consolidados de los planes de pensiones están excluídos del embargo. Responde de esta forma a la tesis mantenida por el Trinunal Social 33 de Madrid, que en un auto presentado, planteaba que "los derechos consolidados constituyen un activo patrimonial..., y como tal, susceptible de embargo", según informa hoy El Economista.

El juzgado madrileño consideraba que el párrafo 3 del artículo 88 de la Ley 8/1987, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que impide la traba y realización del embargo sobre los derechos consolidados en un plan de pensiones hasta el momento en que se cause la prestación, podría ser contrario al art. 24.1 de la Constitución Española, al limitar la ejecución de las resoluciones judiciales y al mandato del art.117.3 de la Constitución para que los jueces ejecuten lo juzgado, sin "justificación aparente". Por su parte, el TC considera adaptado a la Constitución dicho párrafo al explicar que, aunque el derecho consolidado de un partícipe puede valorarse en dinero en un plan de pensiones, éste no puede ni enajenar, ni gravar ni rescatar el dinero antes del vencimiento porque la Ley lo prohíbe, y por la función económica y social que desempeñan los planes y fondos de pensiones como instrumentos de ahorro.