Al mismo tiempo, ya desde aquella época (y antes) surgieron las nociones del “contrato de adhesión” y su distinta dinámica dentro del fenómeno de los contratos comerciales.  Según esta visión, la parte adherente a un contrato predispuesto por su contraparte es merecedora de protección ante posibles abusos que contenga dicho contrato predispuesto.  Es cierto que la dinámica de los contratos de adhesión y la contratación masiva justifican en alguna medida esa protección que ya desde hace muchos años se otorga a los asegurados.

Neftali GarroSúmese a lo anterior la creciente consciencia de la protección a los derechos del “consumidor” desde mediados y finales del siglo pasado.  En efecto, en la mayor parte de las jurisdicciones hoy día existe normativa, tanto general como sectorial, que busca proteger al consumidor y en particular al consumidor de seguros.

Dicho todo esto, ¿dónde queda entonces la libertad del seguro privado?  ¿Hay tal cosa?  ¿Ese deseable tal cosa?  En mi opinión, sin duda alguna es deseable que el seguro privado se siga rigiendo e inspirando, ante todo y primordialmente, por un principio de libertad.  Solo esa libertad servirá de base para que, en un entorno de sana competencia, las empresas aseguradoras pueda desarrollar más el seguro privado para beneficio del mayor número.  Esto se logrará a través del diseño y la innovación de productos que atiendan cada vez mejor las necesidades del entorno y de los clientes.  Si bien es necesario prever y proteger al consumidor de seguros de posibles abusos que puedan ocurrir, es cierto también que hoy día el consumidor –y especialmente aquel de productos financieros– es cada vez más sofisticado y conocedor de sus derechos.

Por lo anterior, en mi criterio la industria aseguradora debe ser siempre vigilante de lo que pudiéramos denominar “asaltos” a la libertad del seguro privado.  Estos asaltos provienen y provendrán desde las tres ramas del poder gubernamental:  legislativa, ejecutiva (administrativa) y judicial.  Como muestra de lo anterior, listo algunos ejemplos del caso de Costa Rica que seguramente los lectores podrán reconocer como propios en sus países:

  • Normas privadas de orden público en la ley:  Siguiendo una tendencia en otras latitudes, la actual ley que regula los contratos de seguro (Ley Reguladora del Contrato de Seguro, No. 8956 del 2011) establece que sus disposiciones son “de carácter imperativo”.  Por lo tanto, no permite pactar en contrario salvo que la norma expresamente lo autorice.  Esto implicó un giro de 180 grados respecto de la anterior ley de seguros, la cual permitía mayor libertad contractual.  Si bien esta tendencia se explica por aquel énfasis en la protección al consumidor, lo cierto es que implica una “camisa de fuerza” en mucho temas críticos. Cuando la norma es equilibrada y razonable, esto no representa mayor problema.  Sin embargo, en el caso de Costa Rica existen varias normas que no son ni equilibradas ni razonables y que ponen a las aseguradoras en situaciones difíciles (por ejemplo, la obligación de poner en mora al cliente antes de cancelar la póliza por falta de pago de la prima y la laxitud con que se regula el deber de aviso de siniestro).
  • Interpretación en sede administrativa más allá de la ley: Producto de un excesivo celo pro consumidor de parte del supervisor de seguros, en ocasiones surgen criterios jurídicos e interpretaciones que van más allá de la letra de la ley.  Por ejemplo, en materia de seguros de salud y sin que haya una base normativa clara para ello, el supervisor de seguros mantiene la posición de que las condiciones generales de un contrato de seguro deben especificar qué factores pueden incidir en los aumentos anuales de prima.  No incluirlos, sostiene SUGESE, atenta contra el derecho a información veraz y oportuna que tiene el consumidor. Esta situación se agrava si se considera que muchos de estos criterios surgen en el marco de los procesos de depósito (registro) de pólizas, siendo que si no se cumple con lo que solicita el supervisor el proceso de registro se demora o incluso archiva.
  • Activismo judicial:  Aunque no hemos visto muchas instancias dado lo relativamente reciente de la actual ley, ya algunos tribunales han dejado sin efecto disposiciones contractuales establecidas y registradas ante el supervisor por considerar que, por ejemplo, violan derechos constitucionales.  Así se dio en el caso de un adulto mayor que acudió al tribunal constitucional para exigir que se le restableciera la cobertura de accidentes personales que finalizó al alcanzar determinada edad.  El tribunal constitucional interpretó que no es válido excluir a una persona de un determinado seguro solo por alcanzar cierta edad, a pesar de que ello es normal en razón de aspectos de tipo técnico-actuarial.  Esto, a su vez, provocó que todo el mercado tuviera que ajustar sus pólizas y productos para establecer mecanismos para ajustar los contratos a la realidad del riesgo en el caso de personas adultas mayores.

Como vemos, este tipo de limitaciones a la libertad del seguro merecen atención y defensa desde el punto de vista de la industria aseguradora para lograr un enfoque equilibrado entre esa libertad y la protección del consumidor.  De lo contrario, a largo plazo podría resultar peor el remedio que la enfermedad.