Al respecto, la Confederación propone a medio plazo “el desarrollo de una Ley de Mutualidades que, como continuación de la Ley de 1941 y sin perjuicio del cumplimiento de todas las garantías financieras y de solvencia del marco asegurador general, mantenga las características sociales y técnicas de esta modalidad aseguradora”. Igualmente, defiende que la futura Ley de Supervisión debe respectar estas características específicas, por lo que es necesario que “prevea el desarrollo de un Reglamento específico para las mutualidades de previsión social”.

Según el sector de las mutualidades, “el informe del Gobierno deberá respetar la compatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad remunerada, tal y como se desprende de la tendencia en los sistemas de pensiones de la Unión Europea” y como se recoge en el informe que el pasado 26 de octubre el Consejo de Ministros trasladó a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

La Confederación remarca que las mutualidades gestionan más de 32.000 millones de euros, “cifra similar a la de los planes de pensiones de Empleo”.

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