La disminución en las indemnizaciones se debe, según Castellanos, a varios factores, entre ellos las despenalización del juicio de faltas desde 2015, que ha provocado que procedimientos anteriormente gratuitos ahora sean de pago, lo que obliga a los afectados a acudir a tribunales civiles, "con el elevado coste que supone", e incluso a renunciar a su derecho a ser indemnizados.

También se debe al procedimiento de oferta motivada, que se creó "con la finalidad de favorecer acuerdos amistosos para que la víctima y la compañía aseguradora llegaran a un acuerdo sin tener que ir a pleito". Sin embargo, aclara, lo que hacen las aseguradoras es "ofrecer indemnizaciones muy bajas", que junto con el coste del procedimiento por vía civil, impulsan a las víctimas a "aceptar sumas irrisorias o a desistir".

El presidente de ANAVA-RC subraya que este baremo ha sido un "tsunami en el sector de la abogacía", ya que ha provocado múltiples despidos de letrados por parte de las aseguradoras al considerarlos innecesarios ante la disminución de juicios penales.