Otra de las propuestas que establece el anteproyecto del gobierno, que ahora está en fase de estudio por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es que dispone también un plazo máximo para que el cliente presente la denuncia del siniestro, otorgando un límite de hasta cinco días, según informa ‘El Observador’.

RESPUESTA DEL SECTOR

Por su parte, la asociación que agrupa a las aseguradoras privadas (Audea) ha confirmado su rechazo a estas y otras modificaciones que introduce el anteproyecto del gobierno, presentando objeciones a 20 artículos, según confirma Mauricio Castellanos, director ejecutivo de Audea. Si bien las compañías están de acuerdo con la necesidad de tener una ley marco, creen por el contrario que el proyecto cambia las reglas de juego y “complica” la operativa de la actividad. Insisten en que hoy el sistema “funciona bien”, y algunos de los cambios más importantes al proceso se prestan para realizar “fraudes” que no se puedan detectar, de acuerdo a la información de la que se ha hecho eco diario.

Respecto de los cinco días para que el cliente pueda denunciar el siniestro, Castellanos considera adecuado el mecanismo actual, en el que la compañía envía al lugar del hecho un móvil para tomar los datos e iniciar el proceso. “No se pueden extrapolar soluciones que no son las nuestras, ¿si esto hoy funciona bien, para qué modificarlo?”, señaló el directivo. Respecto a los 30 días como plazo máximo para resolver los siniestros y aceptar o rechazar la responsabilidad, la gremial de aseguradoras lo considera insuficiente, y aunque confirman que puede ajustarse al 90% de los casos, creen que otros son más complejos. Para el punto de los 30 días, Audea propuso al gobierno establecer en qué tipo de siniestros corre el plazo. “Porque también sería posible pensar que el asegurado puede intentar retener información para jugar con el tema de los 30 días y forzar que la compañía se expida”, indicó el directivo. De prosperar esta medida, señala que las compañías, preventivamente, podrían rechazar los siniestros cuando ven que no llegan al plazo.

Así, de acuerdo a una disposición final del anteproyecto del gobierno, las compañías cuyos contratos se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley deberán adecuarse a las nuevas normas en un plazo de dos años, algo que según Audea es “absolutamente inconstitucional”. “No se pueden modificar las reglas de juego en un contrato que ya fue pactado entre dos partes, de acuerdo al marco jurídico que había”, dijo el director ejecutivo que concretó que habría muchas dificultades especialmente con los seguros de vida.

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