Concretamente el cambio afectaría a los artículos 7 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera y tendría implicación, además de aseguradoras y fianzas, a casas de cambio, almacenes generales de depósito, Buró de Crédito y calificadoras de valores.

De esta manera se busca liberar la inversión extranjera en estos sectores propiciando “el desarrollo de las actividades que realizan al contar con una mayor participación y capital para incrementar el volumen de sus operaciones, lo que redundaría en un mejor servicio para el público en general”, argumenta el texto del Gobierno.