A continuación, Mariano Yzquierdo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, habló sobre los problemas de prescripción en la Responsabilidad Civil. Señaló que dicho plazo para las acciones de reclamación por Responsabilidad Civil extracontractual es un año y 15 para las derivadas de Responsabilidad contractual, habiendo supuestos fronterizos en los que los actores intentan escapar del plazo de un año, buscando para ello cualquier vínculo contractual. Se detuvo, además, en los problemas que plantea la determinación del dies a quo, para contar el plazo de prescripción. En este sentido, finalizó haciendo referencia a la problemática planteada con los daños diferidos, los daños duraderos y los sobrevenidos.

RC DE PRODUCTOS

Posteriormente, María Ángeles Parra, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, disertó sobre la Responsabilidad Civil de productos y el siniestro en serie, para lo que comentó los dos casos más importantes habidos en nuestro país en este tema: la colza y la talidomida. Antes de referirse a los aspectos más destacables de la ley de productos defectuosos, incluida en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hizo alusión a la complejidad normativa que existe en esta materia, que hace que muchas demandas no se planteen bien y que muchas sentencias tampoco resuelvan acertadamente los casos examinados. Terminó hablando de los problemas planteados por los siniestros en serie y las cláusulas de delimitación del objeto asegurado y temporal.

Víctor Fuentes, profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, analizó los mecanismos de resolución de controversias relativas a contratos internacionales de seguros, arbitraje y jurisdicción. Analizó, fundamentalmente, el Reglamento conocido como ‘Bruselas I’, relativo a competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, destacando el abanico de opciones que tiene la parte más débil de la relación contractual (tomador, asegurado, beneficiario y tercero perjudicado) en esta materia. También habló sobre las ventajas que en esta materia tiene el arbitraje: especialidad, confidencialidad, celeridad, imparcialidad y menor coste económico.

La jornada de mañana finalizó con la ponencia de Ignacio Ortiz, socio de Deloitte, sobre el tratamiento fiscal de los siniestros y las indemnizaciones (amortizaciones, créditos fiscales,…). Se refirió a los problemas fiscales planteados por la asistencia en obras de renovación y reparación de viviendas, en los que el IVA es más reducido si la factura se hace a nombre del cliente y no al de la entidad aseguradora, a la problemática planteada en los vehículos de renting/leasing asegurados y, finalmente, a la reposición de los bienes a valor a nuevo.

DETRMINACIÓN DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA

Ya en la sesión de tarde, José Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, hizo referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su repercusión en el contrato de seguro. Dijo que, partiendo ya de principios clásicos, como el de la prohibición de aseguramiento del dolo, resulta indispensable determinar la verdadera naturaleza de la conducta de la persona jurídica constitutiva de la infracción de la que debe responder. En definitiva, añadió, hay que ver si la conducta de la persona jurídica es dolosa o culposa, porque en función de esta distinción, podremos afirmar si es o no asegurable.

Luis Medina, letrado del Tribunal Constitucional, impartió la ponencia sobre la pérdida de oportunidad, analizando la relación causal. Habló sobre los presupuestos técnicos de la teoría de la pérdida de oportunidad, deteniéndose en el nexo de causalidad y la prueba. Indicó que para ello había que hacer un juicio de probabilidad dentro del juicio en el que se reclama los daños por pérdida de oportunidad. Finalizó haciendo referencia a la última jurisprudencia sobre esta materia, indicando que ha habido una evolución positiva por parte de los tribunales en esta materia.

Para cerrar esta primera jornada del Congreso, que acaba hoy, José Antonio Badillo, director de 'RC. Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro', habló sobre el dolo en el seguro de Responsabilidad Civil, señalando que la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo mantiene sobre esta cuestión una posición poco consistente, que está generando cierta inseguridad jurídica. “No es admisible –dijo-, con nuestra legislación, que las entidades aseguradoras deban hacerse cargo de las consecuencias lesivas derivadas de hechos dolosos de sus asegurados”. Concluyó diciendo que la justicia distributiva, la protección de las víctimas o las políticas sociales, las tiene que hacer el Estado, porque la responsabilidad civil y el Seguro tienen una función distinta.