Entre las entidades que han participado destacan la UIAF (Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero) y las diferentes Superintendencias, que analizaron y compartieron experiencias sobre lavado de activos, financiamiento al terrorismo y fraude a los seguros. Este Congreso es organizado por FELADE, Fundación Para el Estudio de Lavado de Activos y Delitos con sede en Costa Rica.

El consultor Carlos Augusto Oviedo, sostuvo que en Latinoamérica, las compañías de seguros han sido víctimas de fraudes y lavado de activos que superan los 4 billones de pesos colombianos (16.233 millones de dólares). “Las compañías de seguros han encendido sus alertas y han implementado nuevas estrategias porque se estima que en los últimos dos años han perdido más de 4 billones de pesos en reclamaciones fraudulentas”, dijo.

Por su parte, el funcionario de Risks International, Mariano Sánchez, envió un mensaje a las aseguradoras ya que muchas de ellas pese a sus medidas para evitar fraudes, ceden ante algunas reclamaciones sin una detallada investigación. “Las compañías de seguros toman medidas firmes contra el fraude pero algunas lo fomentan inadvertidamente cuando pagan con facilidad las reclamaciones sospechosas”, advirtió el doctor Sánchez.

Cada gobierno debe generar leyes que apoyen la labor de prevención e investigación del fraude

Otra de los conferencias fue disertada por la Coordinadora Antifraude de la Superintendencia de Seguros de Argentina, Cora Smolianski, quien afirmó que cada gobierno está en la obligación de generar leyes para apoyar la labor de prevención e investigación del fraude en sus diferentes manifestaciones. “La lucha contra el fraude y lavado de activos debe manejarse con una sinergia y coordinación entre las aseguradoras y las autoridades, enmarcándose dentro de las políticas públicas de cada país”, indicó la Alta Funcionaria del Gobierno argentino.

Edwin Granados, del Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica, ratificó la importancia de aunar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos. “El hecho de ser un mercado abierto implica que se debe competir en servicios, en productos, en calidad, pero en el tema de prevención y combate al fraude a los seguros, las entidades aseguradoras deben trabajar de manera conjunta entre ellas y con las autoridades, obviamente y por ser un producto financiero integral los intermediarios de seguros son igualmente responsables de esta temática”, puntualizó.