De hecho, según las cifras de las que se hace eco ‘El País, Rentas Generales tuvo que abonar una cifra de 8 millones de pesos (617.013 dólares) al fondo de cobertura por la insuficiencia de las multas y en 2011 se multiplicaron por seis los recursos que se destinan a víctimas de siniestros ocasionados por vehículos sin seguro (12,5 millones frente a los 2,5 millones del año anterior – de 964.083 a 192.817 dólares), de acuerdo a los datos de la Asociación de Empresas Aseguradoras (Audea). Así, Rentas Generales ha tenido que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes ya que la falta de fondos ha imposibilitado a la Unasev realizar esta función, que es a la que le corresponde.

Así lo puso de manifiesto en la comisión el director ejecutivo de Unasev, Mauricio Castellanos: “Existe la necesidad de garantizar que la inmensa mayoría de los vehículos contraten el seguro, a fin de tener los fondos que nos permita dar cobertura a quienes tienen accidentes y no tienen una cobertura asegurada”. En ello coincidió el secretario general ejecutivo de la gremial, Pablo Inthamoussu: “La fiscalización no puede apoyarse en los controles en las calles" y por tanto "es de justicia tributaria que exista un control administrativo a la persona que no pagó". “Tememos que se desvirtúe un sistema que está pensado para que el seguro sea obligatorio”, añadió.

Por su parte, el diputado nacionalista Gustavo Borsari, confirmó que se está “constatando el fracaso de los controles establecidos en la ley”, refiriéndose a la 18.412 (de Responsabilidad Civil por daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre), que estableció la creación de un Seguro Obligatorio de Automotores. “Hablemos claro: las Intendencias y el Ministerio del Interior, la Policía, no controlan, según se nos ha dicho, y eso es fácilmente constatable”, aseguró.

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS AL CONTROL DE LA FISCALIZACIÓN

Para solucionar parte del problema, tanto Audea como la Unasev expresaron su apoyo a la incitativa de que se inscriba en el registro la patente única por la que se determina el tamaño del parque automotor de manera que también se facilite los controles administrativos, que requieren un certificado de vigencia del SOAT. Así, “no se dejaría al usuario la responsabilidad de rastrear esa información con toda la burocracia que hay que sortear para saber en qué empresa está asegurado un vehículo, si es que lo está”, aseveró Inthamoussu.

En la actualidad, hay dos proyectos de ley en el Parlamento para buscan prorrogar la obligación que desde agosto tienen las intendencias y escribanos de controlar la vigencia del Seguro Obligatorio de Automotores. Uno promovido por la Asociación de Escribanos y otro por el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. En ambos, se advierte de las dificultades que se pueden dar para obtener un certificado de vigencia en las aseguradoras, pero ni la Unasev ni las aseguradoras privadas apoyan estas iniciativas.

“Estamos totalmente convencidos de que derogar, suspender o aplazar el comienzo de este control en el país va totalmente en contra del espíritu con que se pensó este seguro obligatorio”, expuso Inthamoussu, quien remarcó que “castigar a la persona que no contrató” el seguro con una multa permite “premiar al que sí lo hizo”, señalando que esa postura no solo es de la Unasev sino de la Presidencia de la República.

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