Según información recogida por ‘América Economía’, el gobierno boliviano aún no ha fijado una fecha precisa para el arranque de operaciones de la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, pues aún espera el traspaso de parte de las AFP, de los juicios contra los empleadores deudores con la garantía de que esos recursos deben ser recuperados a favor de los trabajadores.

El director de Pensiones del ministerio de Economía, Marcelo Ticona, explicó a Xinhua que la nueva Ley de Pensiones, que también crea la gestora, debió comenzar a operar desde octubre del año pasado y estar a cargo de la administración de los aportes de los trabajadores, tras la sustitución de las AFP FUTURO DE BOLIVIA y PREVISIÓN BBVA. "Lo cierto es que estamos en la fase final de traspaso de las AFP y seguramente en las próximas semanas se hará realidad este hecho como lo establecen la Constitución y las leyes", explicó.

Con la creación de este sistema, termina la era de las AFP que llegaron en 1997 para poner fin al caos creado hasta ese entonces por el llamado sistema de reparto, cuyas deudas por mal manejo aún se siguen pagando. "Debemos ser muy responsables para hacer la transición de las AFP a la Gestora Pública", puntualizó Ticona.

Además, señaló que en la transferencia de las AFP a la Gestora, los fondos de pensiones de los trabajadores se mantienen intactos sin modificaciones y lo único que cambia es la administración que pasa de ser privada a una estatal. "Dado que la contabilidad o el manejo de los recursos son independientes, entre el administrado y los fondos no existe mayor cambio para el asegurado porque sus aportes están ahí, por eso lo único que cambia es el administrador", aseveró.

El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de 1996 con AFP PREVISIÓN, perteneciente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y AFP FUTURO, del grupo ZURICH FINANCIAL SERVICE.

Cabe recordar que la nueva Ley de Pensiones promulgada en diciembre de 2010 aún no logró ejecutarse en su totalidad por falta de dos reglamentaciones y el traspaso del fondo de aportaciones a la Gestora Pública, como consecuencia de la oposición de la Central Obrera Boliviana (COB). Con los dos últimos reglamentos se cierra el círculo para dar una implantación total de la Ley de Pensiones, pero aún existen trabas de la COB y el Poder Ejecutivo no logró allanar el camino de una solución.