Este documento, accesible a través de la web documentopensiones.org, parte de la base de que la sostenibilidad de las pensiones es “problema político, no económico”. “Consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas”, afirman los 24 expertos “elaboradores del documento”. Estos consideran que el punto de partida es sesgado, a favor de los intereses de entidades financieras y aseguradoras, y que lo que se pretende es justificar con el documento ese punto de salida.

“Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución ‘sabia’ no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse el ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa. Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis, que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento”, concluyen.

Los que quieran adherirse, tanto individual como colectivamente, pueden hacerlo a través de la web documentopensiones.org.

DENUNCIAS

El documento concluye afirmando que, dado que “recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos”, hay que “denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras”. Más en detalle, denuncian:

“Que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones”.

“Que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones”.

“Que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones”.

“Que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente”.

“Que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta”.

“Que el grupo ‘de sabios’ que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente”.

“Que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones, no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo”.

“Que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas”.

“Que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social”.

“La complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro”.