Es la propuesta final del informe ‘El reparto y la capitalización de las pensiones españolas’, presentado ayer y que ha sido elaborado por IESE para Fundación Edad & Vida, con el patrocinio de ZURICH. El trabajo, asimismo, indica que este nuevo sistema de reparto se debería complementar con planes capitalizados “obligatorios o casi-obligatorios”, que podrían ser ocupacionales o personales, y que deberían aportar aproximadamente la mitad de las rentas para la jubilación.

Además, se explica en el informe, “el sistema contaría con unas pensiones mínimas enfocadas que dependieran de las rentas y del patrimonio de sus perceptores y que garantizarían una renta mínima para los mayores que sería independiente de sus historiales de cotización”. La transición hacia este este nuevo sistema se debería hacer, se concluye en el estudio, “minimizando sus costes para los pensionistas y respetando los derechos adquiridos de los pensionistas y de los trabajadores, en la medida de lo posible”.

LAS REFORMAS PARAMÉTRICAS NO SON SUFICIENTES

Según explicaron Antonio Argandoña y Javier Diez Giménez, co-directores del equipo de investigación de IESE responsable del informe, el sistema de pensiones de reparto español es “insostenible” y los retoques paramétricos como los de la reforma de 2011 son insuficientes. El sistema, detalló Argandoña, es “poco eficiente” y precisa de una reforma “urgente” y una revisión “a fondo”. El sistema debe ganar en seguridad para los beneficiarios; en contributividad (“las pensiones son la prolongación del salario”, destacó); en flexibilidad; en diversificación; en portabilidad; en estabilidad (“las reglas deben quedar bien definidas en el largo plazo”, remarcó); en transparencia: y en universalidad. Además, concluyó, se debe devolver la responsabilidad a los beneficiarios, “involucrar al ciudadano”.

Diez Giménez reiteró que el problema de las pensiones no es coyuntural y con el sistema actual no se podrá llegar a tasas de sustitución del 60% sobre el último salario (porcentaje que se plantea desde la OCDE). “La viabilidad financiera –añadió- solo es posible si se produce una reducción cuantiosa” de las pensiones o de la tasa de sustitución. Dentro del nuevo modelo que se defiende en este trabajo, apuntó también a la necesidad de crear una Agencia de Pensiones, que actúe como intermediario entre el sector privado y los ciudadanos”. Concluyó indicando que los planteamientos recogidos en este informe “no son una propuestas de privatización”. “Es una de propuesta de racionalización del ahorro para la jubilación, que deja en manos del sector público la organización, la supervisión y el control”.

RECOMENDACIONES Y REIVINDICACIONES

Tras la presentación, Clara Armengol, miembro de la Comisión de Fiscalidad y Financiación de la Fundación Edad & Vida y directora del Negocio de Pensiones de ZURICH, ha expuesto una serie de recomendaciones que la organización hace a las instituciones responsables de la toma de decisiones, empresas y sociedad, con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación de las personas mayores y facilitar la planificación del ahorro para la jubilación. También ha puesto sobre la mesa otra serie de recomendaciones sobre la participación del sector privado en el sistema. Así, ha defendido la necesidad de “mejorar la información sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y los productos de ahorro existentes en el mercado, simplificando, entre otras cosas, los trámites administrativos de los planes de pensiones; creando planes de pensiones simplificados para las PYMES; y mejorando el tratamiento fiscal del ahorro finalista”.

Entre otras medidas fiscales, desde Fundación Edad & Vida se recomienda restablecer la reducción fiscal en el IRPF del 40% para el cobro de la prestación en forma de capital y extenderla a la percepción en forma de renta, y establecer estímulos fiscales adicionales en el impuesto sobre Sociedades, para impulsar los planes colectivos.