Las 105 personas investigadas presuntamente formaban parte de un entramado criminal dirigido a simular gran número de accidentes de tráfico con el fin de obtener una ganancia pecuniaria a costa de las compañías aseguradoras. Se estima que los implicados defraudaron una cantidad cercana a los 300.000 euros,

En el mes de septiembre del pasado año los investigadores tuvieron conocimiento, a través de información procedente de un Juzgado de Instrucción de Murcia, de la posible simulación de un accidente de tráfico en una rotonda de la capital. Constituyó el punto de inicio de una investigación policial que se ha prolongado hasta el presente mes de octubre.

Los agentes solicitaron a varias compañías aseguradoras de vehículos que remitiesen toda la documentación relativa a este accidente y otros que tuviesen vinculación con el mismo, por la titularidad del conductor y los ocupantes. Así, obtuvieron 22 expedientes acompañados de informes redactados por empresas de detectives privados en los que se recogía -de forma detallada y a través de recreaciones en vídeo- la incongruencia entre las manifestaciones de los implicados en el accidente y los daños ocasionados en los vehículos intervinientes.

Tras el análisis de toda la documentación, se detectó que entre los núcleos urbanos de Murcia y Molina de Segura se había creado una organización conformada por particulares y empresas. Se dedicaban a simular accidentes de tráfico para reclamar a los seguros, no solo por los daños a los vehículos, sino también por las supuestas lesiones corporales al conductor y a los ocupantes de los vehículos.

Reparto de tareas: captadores, accidentados, letrados y sanitarios

El entramado repartía las tareas para el fraude entre supuestas víctimas de los accidentes, conductores, letrados y personal de las clínicas de rehabilitación. El captador de la organización era el responsable de la búsqueda de personas que se encontraban en una situación económica precaria para ofrecerles ganar dinero, no en cantidades elevadas, pero sí con facilidad.

Los letrados daban cobertura legal al procedimiento de reclamación necesario para conseguir las indemnizaciones; solicitaban un tanto por ciento del futuro resarcimiento económico que percibiría la persona a la que representaban.  Al tiempo, clínicas médicas y de fisioterapia, algunas propiedad de los abogados de la trama o con vínculos económicos y/o personales con alguno de ellos, eran las que ofrecían el servicio sanitario y la cobertura documental.

 

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