Según la acusación, un grupo de abogados, supuestamente en connivencia con letrados de la propia ART, se ponía en contacto con empleados municipales y los convencían de reclamar judicialmente indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales. Para tener base médica en estas reclamaciones, los implicados supuestamente contarían con la colaboración de varios facultativos sanitarios.

Se calcula que esta organización, en la que estarían involucrados al menos seis abogados y siete médicos, habría presentado ante la ART unos 288 partes fraudulentos.