La jornada fue inaugurada por Gonzalo Iturmendi, secretario general de la asociación, que en sus palabras destacó la necesidad de una reflexión ética que acompañe al análisis técnico y jurídico. El encuentro fue moderado por José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente del Grupo Bioactuarial de Investigación (GBI) de AGERS y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Entre los ponentes, Carlos Romeo, catedrático de derecho penal en la UPV y de la Cátedra de Genoma y Derecho, realizó un recorrido histórico por la legislación que regula el uso de los test genéticos en el seguro, así como el desarrollo y discusión que hay en el seno del Consejo de Europa que ha dado como resultado la Resolución de octubre de 2016, "en un proceso que se ha extendido por más de ocho años".

Antonio López Farré, catedrático acreditado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, puso de relieve cómo la interacción de la biomedicina con la inteligencia artificial va a significar un avance considerable en la capacidad predictiva que sobre la morbilidad aporta la información genética. Por último, puso de manifiesto que la información genética debe ser un derecho del individuo para poder ser tratado antes de que la enfermedad manifieste sus primeros síntomas.

El análisis jurídico fue desgranado por María José Morillas, catedrática de derecho mercantil de la UC 3M, quien realizó un recorrido de toda la normativa nacional y de derecho comparado presente y futura que guarda relación con la información genética en el contrato de seguro de vida y salud.

El suscriptor de riesgos debe ser formado en genética

Ana Villanueva, directora Médica de MAPFRE RE y responsable de la Comisión de Riesgos Personales de AGERS se mostró favorable a los preceptos de la resolución del Consejo de Europa. "La práctica cotidiana en la información médica incluye datos de biomarcadores, algunos de ellos genéticos, lo que hace que el suscriptor de riesgos deba ser formado en genética para poder evaluar el riesgo de mortalidad de un solicitante de un riesgo", afirmó.

Por último, Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA, aseveró que desde las Comisiones de Vida y/o Salud de UNESPA tendría sentido tomar posición sobre la información genética y el seguro. A tal efecto, indicó que el instrumento más adecuado para materializar la posición de la industria del seguro en España podría ser una guía de autorregulación sectorial.